El Consorcio Provincial para la Gestión Medioambiental y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos ha sacado a licitación la gestión integral del Complejo Ambiental de Palencia, integrado por el Centro de Tratamiento de Residuos y sus instalaciones anexas, por un  montante de 30.646.590 euros (sin IVA).

Este es uno de los contratos más importantes que se firman en la provincia, con una duración de una década sin contabililizar las posibles prórrogas, y que parte de un presupuesto base de licitación  anual de 3.064.659 euros (IVA no incluido) -3.371.124,90 euros con impuestos- y con un valor estimado que asciende a los 61.293.180 euros.

El coste del contrato será asumido por la Diputación, que corre con el pago de las facturas por el importe de los residuos tratados provenientes de la provincia, 1.911.294 euros anuales; el Ayuntamiento de la capital que asume el pago de las facturas por el importe de los residuos tratados con origen en su término municipal, 1.105.597 euros; y por el propio Consorcio, que se hace cargo del pago de las facturas por el importe de los residuos facturados a empresas o particulares, unos 47.768 euros anuales.

la gestión. El Consorcio ofrece estos 30 millones de euros a cambio de la gestión, en primer lugar, del Centro de Tratamiento de Residuos ubicado en la carretera de Autilla, en la P-901, que actualmente recae sobre Urbaser, y donde se tratan y clasifican tanto los residuos urbanos como los que proceden, ya seleccionados, de las estaciones de transferencia de Aguilar, Guardo, Osorno y Saldaña, también bajo la dirección de Urbaser.

La empresa que esté interesada en este contrato deberá hacerse cargo de las dos líneas manuales de tratamiento independientes de forma que pueda hacer frente a posibles paradas técnicas, posibilitar el tratamiento de otros residuos recogidos de forma separada (materia orgánica, comerciales u otros residuos análogos), o a posibles cambios legislativos referentes a las recogidas selectivas.

Según el pliego, la capacidad de cada línea deberá ser de 75.000 tonaladas al año de residuos urbanos, y el licitador está obligado a automatizarlas para su uso compartido con la recogida selectiva de las estaciones de Aguilar, Osorno, Guardo y Sadaña, de al menos 3.500 t/año. Además, la empresa dispondrá de la actual línea de tratamiento de dichos subcentros para su adaptación como línea polivalente de tratamiento de residuos.

Estas mejoras, junto a las que propongan las empresas interesadas en el contrato, deben asegurar que el rechazo máximo admisible de la planta sea, como mínimo, del 66 por ciento, según el pliego.

El nuevo contrato exige que el adjudicatario implemente un sistema de gestión de báscula automático que unifique la comunicación entre las estaciones de transferencia, el CTR y las oficinas técnicas del Consorcio. También la ampliación del actual sistema de almacenamiento del residuo recepcionado, que en la actualidad ocupa 1.000 m², en 260 m2 como mínimo.

Además de la modernización de los medios materiales, el nuevo contrato exige también a las empresas que estén interesadas en la gestión del CTR aumentar la capacidad de tratamiento de la fracción enviada a procesos biológicos hasta 33.500 t/año, debiéndose disponer de un mínimo de capacidad anual de biometanización de 16.000 t/año y un mínimo de capacidad de los túneles de compostaje de 14.000 t/año.

gas y compost. En la actualidad, una vez separada la materia orgánica de los residuos, unas 30.000 t/año, es sometida a dos procesos biológicos denominados biometanización y compostaje. La primera, también denominada digestión húmeda, permite obtener biogás y, por tanto, energía, y el contrato exige un mínimo 2.000.000 kilovatios/hora  al año.

El compostaje consiste en la degradación aeróbica de los residuos biodegradables para producir compost, y el Consorcio quiere que la nueva empresa adapte el diseño de las nuevas instalaciones para tratar la cantidad de material enviado a los procesos biológicos que no sea procesado en la biometanización.

Finalmente, el nuevo contrato pone como condición a las empresas un plan de labores para la explotación del depósito controlado del CTR, así como una solución técnica de ampliación de capacidad del vertedero, de forma que tenga una capacidad mínima de 10 años. Las obras deberán llevarse a cabo un año antes del llenado del vertedero actual.