La Junta de Castilla y León prioriza el derecho a la vida en sus alegaciones ante el Tribunal Supremo al recurso del Gobierno contra el acuerdo del adelanto del toque de queda en la Comunidad que entiende como necesario y asegura que desde su aplicación se ha reducido en un 11 por ciento los contagios. «¡Estoy convencido de que el Supremo nos va a dar la razón, es una decisión que no dudaría en volver a tomar!», indicó el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ayer durante la rueda de prensa en la que explicó las alegaciones al recurso del Gobierno contra el acuerdo que, como autoridad, firmó el pasado 15 de enero por el que se determinan las horas de comienzo y finalización de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno, que adelantó el toque de queda en la Comunidad desde las 22 a las 20 horas. Así, hizo alusión a una sentencia del Constitucional de 1985 según la cual el derecho a la vida, recogido en el artículo 15 de la Constitución, constituye un valor superior que inspira todo el ordenamiento jurídico constitucional, de ahí la certeza de que ese adelanto del toque de queda respeta la legalidad vigente.

Precisamente ayer, 3 de febrero, expiraba el plazo dado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo para que el Ejecutivo regional presentara sus alegaciones a ese recurso, unas alegaciones que el mandatario autonómico justificó desde el punto de vista sanitario-epidemiológico, social y jurídico, y todo ello, como así reiteró a lo largo de su intervención, con el único objetivo de «proteger la vida y la salud de los ciudadanos y causar el menor daño posible a la economía regional». «El toque de queda era, es y seguirá siendo necesario», defendió Fernández Mañueco en su comparecencia, aunque afirmó que, si fuera tumbado por el alto tribunal, la Junta cumplirá «de inmediato la decisión», si bien se mostró confiado en que se les dé la razón.

El presidente subrayó que los contagios se multiplicaron por diez en la primera quincena de enero y que adoptó esa medida para frenar la expansión de la transmisión y después de escuchar a los expertos, a los consejeros, a las fuerzas políticas, alcaldes, presidentes de diputaciones, Federación Regional de Municipios y Provincias sectores económicos. «Es una medida lógica, justa y equilibrada que ha tenido el compromiso y el respaldo de los vecinos de Castilla y León», aseguró Fernández Mañueco, que defendió un «acuerdo impecable», ya que consideró que se ajusta a derecho y es una medida que podía tomar en base a las competencias otorgadas en la prórroga del estado de alarma del pasado mes de noviembre.

El presidente sostuvo que la forma de actuar del Gobierno «ha consolidado» esta medida porque, tras la comunicación al Gobierno, no se ha recibido ninguna respuesta formal, ni han pedido aclaraciones, o fundamentaciones jurídicas o sanitarias. A ello, unió que podía haber utilizado la vía política del acuerdo en el marco del Consejo Interterritorial de Salud o el requerimiento potestativo contencioso administrativo para que se anulase el acuerdo. Sin embargo, indicó que el Gobierno ha acudido a la vía judicial, si bien añadió que «es curioso» porque no utiliza las medidas cautelarísimas para pedir la suspensión inmediata del adelanto de toque de queda.

«Si el Gobierno cree que se vulneraban derechos fundamentales, no entiendo no entiendo por qué no se ha ido por esa vía», argumentó el presidente, que dudó de la legalidad de que el Gobierno recurra un acuerdo que consideró como suyo ya que él firma en función de competencias delegadas por el Ejecutivo central.

«Mi responsabilidad es proteger la vida y la salud de las personas de Castilla y León haciendo el menor daño posible a la economía. Esa es mi responsabilidad y en esa responsabilidad, desde luego, he tomado estas decisiones», respondió en relación a sí habrá alguna responsabilidad si el Supremo tumba el acuerdo de toque de queda. Según explicó, el Supremo tendrá que decidir si el acuerdo es un acto eficaz y se mantiene el adelanto del toque de queda o por el contrario determina que se deben suspenden los efectos, ya que, como indicó, no entra en el fondo del asunto y la cuestión jurídica.