El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, anunció ayer una reforma fiscal, que conlleva, entre otros aspectos, deducciones en la hipoteca y una bajada de impuestos para aquellos ciudadanos que cobren menos de 60.000 euros y que tendrá un efecto retroactivo desde el 1 de enero del presente ejercicio. La medida, tomada de forma unilateral por uno de los barones socialistas, llega días después de que el propio Puig instara al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a castigar a aquellas regiones que lleven a cabo rebajas tributarias con la llegada de menos fondos procedentes del Estado.
Al Ejecutivo la iniciativa del presidente de la Generalitat le ha pillado con el paso cambiado, ya que a lo largo de las últimas semanas había criticado con dureza las propuestas de diferentes presidentes regionales del PP -caso de la madrileña Isabel Díaz Ayuso o del andaluz Juanma Moreno- que habían apostado por deflactar el IRPF y acometer una rebaja sustancial de impuestos. Cierto es que Puig no toca el de Patrimonio y justifica su decisión tras puntualizar que sus medidas van encaminadas a ayudar a los que más lo necesitan y no a los que más tienen, pero el bandazo ha descolocado a buena parte de su partido, que había reclamado prudencia a la hora de acometer rebajas fiscales para garantizar el Estado del Bienestar. Al valenciano le siguió el presidente de Aragón, Javier Lambán, que tampoco cerró la puerta a ejecutar políticas en la misma línea. Quedan ocho meses para la celebración de las elecciones autonómicas y nadie quiere quedarse atrás en esta carrera por conseguir el mayor apoyo posible en las urnas.
La iniciativa de Puig ha generado malestar en el seno de un PSOE que continúa demandando una política impositiva responsable, desvirtuando su estrategia encaminada a demonizar las iniciativas en materia fiscal que parten de la oposición y abogando por una 'armonización' autonómica que, con la normativa actual y el modelo de Estado, se antojan utópicas. El Gobierno afrontará mañana una prueba de fuego, cuando se conozca su paquete de medidas fiscales, anunciado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, entre las que se baraja la posibilidad de subir el IRPF en algunos tramos, rentas de capital e Impuesto de Sociedades, además de incluir el denominado impuesto a los ricos, que gravará a aquellos ciudadanos que cuenten con grandes fortunas y que entrará en vigor a principios de 2023. Algunas de las iniciativas estarán incluidas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, donde no se pueden articular nuevas figuras impositivas, por lo que otras se deberán conformar como normas específicas. Habrá que ver cuál es la apuesta de un Ejecutivo que aboga por una senda de la que algunos de sus barones ya se han querido apartar.