El precio medio de la gasolina de 95 en España se sitúa estos días 32 céntimos por encima de lo que costaba el 1 de abril, cuando entró en vigor la rebaja de 20 céntimos dictada por el Gobierno, mientras que la del gasóleo A alcanza los 25 céntimos de diferencia, por lo que también se ha comido el efecto de la bonificación.  Hace un año, un conductor que se acercaba hasta una estación de servicio a rellenar el depósito de su vehículo con diésel (gasóleo A) pagaba aproximadamente en Palencia 1,267 euros por cada litro, según el Ministerio para la TransiciónEcológica y el RetoDemográfico. En vísperas de Navidad, la cifra era de 1,352 euros y al inicio de la primavera, de 1,792 euros. Durante el primer día de verano, el coste ascendió hasta los 2,104 euros; 75 más que en diciembre.

Estos son los datos que explican el pavor que todo conductor enfrenta cuando sabe que le cae encima un hachazo al bolsillo porque ha llegado la hora de ir a la gasolinera a llenar el depósito del coche. Un pavor que se transforma en horror si quien tiene que pasar por caja es un profesional del transporte de materias o personas, que bien pueden estar dejándose ahora 8.000 euros cada mes.

Tener que pagar la gasolina a un precio por encima de los dos euros espanta casi cualquier economía doméstica, pero lo peor de todo es la realidad que empiezan a percibir quienes tienen que acudir por obligación y de forma asidua a las estaciones de servicio: no hay forma de vislumbrar cuándo dejará de encarecerse el carburante.

Los expertos más agoreros, que son a los que la gente hace más caso cuando vienen mal dadas, vaticinan que el coste seguirá al alza y que los consumidores pagarán hasta tres euros por cada litro este mismo verano. Ni siquiera se atreven a asegurar que la escalada de precios parará ahí porque la clave no está en el mercado local sino en la cotización internacional de los productos petrolíferos, influenciada desde el momento en que Rusia dejó de suministrar, afectando a la oferta.

En este escenario, el Gobierno aprobó ayer nuevas medidas para hacer frente a la crisis provocada por la guerra en Ucrania que supondrán un coste «superior a los 9.000 millones de euros» y que se centran en «proteger a familias, a la clase media trabajadora y para amortiguar el impacto de la inflación en sectores estratégicos de la economía».

Incluye una ayuda directa de 200 euros para trabajadores, autónomos y desempleados con «bajos ingresos», una subida del 15% de las pensiones no contributivas y una bajada del IVA de la electricidad del 10% al 5%. No hay decisiones para contener el precio de los carburantes, quizá porque es un producto que va camino de convertirse en artículo de lujo.