La Consejería de Familia ha sido condenada a indemnizar con 150.000 euros a una madre y sus dos hijas mellizas por el daño causado tras haber sido separadas por una retirada de tutela «injustificada». «Se aprecia una actuación precipitada y desproporcionada de la Administración», según recoge la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) facilitada por la Fundación Raíces. Tras trascender el fallo judicial, la Junta ya ha manifestado su intención de estudiar si lo recurre y defendió la labor de los técnicos «que siempre velan por el interés del menor».

Los hechos se remontan a septiembre de 2015, cuando A.P, de origen búlgaro y soltera de dos niñas mellizas nacidas en Madrid en el año 2003, solicitó la ayuda de los servicios sociales de Ávila, donde trabajaba y vivía con sus hijas, con el fin de participar en un programa de intervención familiar que la ayudara a establecer con sus hijas –entonces de 12 años– una relación de parentalidad positiva, como explica Ical.

Durante meses, el programa, consistente en recibir apoyo de una orientadora familiar que visitaba a la familia en su domicilio, se desarrolló con total normalidad, hasta que, una noche a finales de enero de 2016, se produjo una discusión entre la madre y una de las preadolescentes por el uso del teléfono móvil, que terminó en un forcejeo por el dispositivo.

Las dos hermanas, por indicación de su madre, relataron este incidente en una de las sesiones que las niñas mantenían a solas con la persona de servicios sociales que intervenía semanalmente con la familia. Tras esta narración, el programa de intervención familiar quedó interrumpido, hasta que tres meses después, el 12 de abril de 2016, «sin previa notificación ni información al respecto», trabajadores sociales de la Consejería, auxiliados por agentes de la Guardia Civil, se personaron en el domicilio familiar, y se las llevaron a un centro a 80 kilómetros de su domicilio.

Según la sentencia, esta decisión de la Consejería se tomó sin que conste «ninguna audiencia con la madre, ni se la pidió aclaración o explicación, ni tan siquiera se explicó nada a las menores». «Lo oportuno hubiera sido volver a reunirse con la madre, valorar tras su explicación lo que había pasado y tomar las decisiones oportunas con un mayor refuerzo de la intervención familiar o valorar el interés prioritario de las menores, no obstante esta audiencia no tuvo lugar en ningún momento, ni una explicación a las menores de lo que podía llegar a ocurrir», añadieron desde la Fundación. Un año después de ser separadas, el Juzgado de Primera Instancia de Ávila, acordó mediante que las niñas retornaran con su madre.

Respeto por la sentencia

Tras conocerse el fallo, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, Isabel Blanco, mostró su respeto por el mismo y defendió la labor que realizan los técnicos de Infancia que «son los que se enfrentan cada día a estas situaciones y siempre, que no les quepa la menor duda, velan por el interés del menor». Por su parte, el portavoz del Gobierno regional, Carlos Fernández Carriedo, aseguró que la Junta estudiará si recurre o no la sentencia y remarcó el orgullo del Ejecutivo por los profesionales de Servicios Sociales.