Si se cumple el calendario diseñado desde La Moncloa, las elecciones autonómicas y municipales previstas para el próximo mes de mayo se celebrarán antes que las generales. Todo es susceptible de cambiar puesto que la convocatoria de estas últimas es una potestad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez que podría decidir acumular todos los comicios. Pero ni a los barones socialistas ni al propio jefe del Ejecutivo les interesa esa posibilidad. Los primeros porque temen que el cambio de ciclo que vaticinan las encuestas se traslade a los territorios y ayuntamientos y su gestión quede opacada frente al voto de castigo al Gobierno. Las elecciones municipales y autonómicas suelen predecir lo que ocurrirá en las generales, si se produce una debacle en forma de pérdida del poder territorial que ahora atesora el PSOE tendría tiempo para una reacción, aunque el recuerdo del voto estaría muy vivo.
Los últimos sondeos, apuntan a la posibilidad de que el PP recupere el poder territorial que tuvo en sus mejores épocas y vuelva al gobierno en media docena de otras comunidades autónomas. Recuérdese que, en las pasadas elecciones autonómicas, el PP perdió en casi todas ellas y qué si logró mantener algunos de sus feudos, como Murcia, Castilla y León y sobre todo Madrid, fue porque Ciudadanos no cumplió su compromiso de acabar con los regímenes que se habían creado en algunas autonomiaa que llevaban muchas legislaturas en las mismas manos políticas. La corrupción le pasó factura al PP en esos comicios, y ahora las sucesivas crisis con el colofón de la inflación desatada puede ser la tumba de muchas de las expectativas del PSOE de revalidar el poder.
Tras las elecciones andaluzas y las de Madrid, en las que el PP consiguió la mayoría absoluta en un caso y en otro contar con más escaños que la suma de los partidos de izquierda que le permitió deshacerse de Vox -un partido cautivo que nunca permitirá gobernar a la izquierda-, Alberto Núñez Feijóo ha puesto en marcha la maquinaria electoral en las regiones con mandatos específicos hacia algunas donde se ha propuesto recuperar el poder con mayor énfasis. Es el caso de la Comunidad Valenciana, donde, ha mantenido al presidente de la época de Pablo Casado, Carlos Manzón, que puede tener las cosas más fáciles por los problemas que atraviesan tanto el PSOE como Compromís. En el primer caso porque el presidente Ximo Puig tiene que afrontar un problema de corrupción relacionado con las actividades de su hermano, y su socio de gobierno, Compromís, está tocado tras la dimisión de la vicepresidenta del Ejecutivo valenciano, Mónica Oltra. Feijóo ha tenido el buen tino de no entrar a realizar cambios en la estructura regional de su partido y ha validado a los candidatos que ya se venían trabajando el liderazgo partidario. Habría sido una temeridad con elecciones en ciernes.
Pero si la Comunidad Valenciana es la joya de la corona que trata de recuperar, el mismo proceso se puede dar en otras comunidades uniprovinciales como La Rioja, que tradicionalmente ha estado en manos populares, y Navarra, donde el PSOE gobierna en coalición con EH Bildu. Baleares, Aragón, y Castilla-La Mancha también están a tiro de volver a manos populares según sus estrategas, pese a que en las dos últimas gobiernan barones que son la oposición interna a Pedro Sánchez, que trataran de que se valore su gestión separada de la del presidente del Gobierno.