El nuevo impuesto a las grandes fortunas elaborado por el Gobierno central no tendrá impacto alguno en los bolsillos de los ricos castellanos y leoneses, toda vez que el tributo autonómico de Patrimonio cuenta con una tasa por encima de la diseñada por el Ministerio de Hacienda. De hecho, Castilla y León es la quinta comunidad de España que más grava a los 'ultrarricos' –aquellos con un patrimonio por encima de 40 millones de euros–, quienes cada vez que pasan por caja tiene que desembolsar algo menos de 1,2 millones de euros por sus pertenencias. Así lo pone de manifiesto los cálculos realizados por el Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas, que ha utilizado tres supuestos para medir el impacto que el tributo diseñado por el Gobierno central para neutralizar las bonificaciones al Patrimonio de algunas comunidades –Madrid y Andalucía fundamentalmente–, que gravará la riqueza neta de más de 3 millones de euros con unos tipos aplicables que oscilan entre el 1,7 y el 3,5 por ciento, en función del tamaño del patrimonio en cuestión.

Los números presentados por los economistas revelan que los ricos de Castilla y León con un patrimonio de cuatro millones de euros tienen que pagar por el tributo regional unos 36.546 euros, frente a los 5.100 a los que obliga el nuevo gravamen nacional, casi siete veces más. Si saltamos al siguiente escenario dibujado por los economistas, aquellas fortunas con un patrimonio de 15 millones de euros, las diferencias entre la mayoría de las regiones –incluida Castilla y León– y las que tienen bonificaciones sobre este tributo se acortan de sobremanera. Así, un castellano y leonés con esta 'cartera' tendría que abonar al fisco 309.810 euros al cierre del año, frente a los 278.364 que impone el Ministerio de Hacienda.

El tercer y último ejemplo del REAF comprime al máximo las diferencias. 1,184 millones de euros en el caso de un contribuyente de la Comunidad con 40 millones de patrimonio, frente al 1,153 millones de un madrileño o andaluz. En cualquier caso, el tributo castellano y leonés es el quinto más elevado de toda España para este tramo, solo superado por Extremadura (1,35 millones); Islas Baleares (1,23); Comunidad Valenciana (1,23); y Aragón (1,95).

Por el momento, y pese a los movimientos de otras comunidades y la presión desde la patronal CEOE, la Junta de Castilla y León insiste en no tocar este gravamen en la Comunidad que el pasado año recaudó 41 millones de euros. Actualmente, la normativa regional en materia de Patrimonio mantiene el mínimo exento de 700.000 euros, y fija el 0,2% en el tramo más bajo, pero eleva hasta el 3,5% el tipo para los tramos más altos –por encima de los 10 millones de euros–.