A pesar del progresivo e incipiente aumento del empleo público y de la revolución tecnológica, el ciudadano de a pie comprueba cada día que acceder a los servicios de la Administración se ha convertido en una cuestión cada vez más tediosa y no exenta de incomprensible dificultad.
Los hechos son tozudos, porque conseguir una cita para tramitar una solicitud de pensión, renovar el carné de conducir o gestionar un trámite para cursar una prestación de desempleo, por ejemplo, supone en muchos casos una misión imposible. La concertación obligatoria de solicitar cita previa para casi cualquier trámite con la Administración se ha consolidado como modelo operativo después de la pandemia.
Y, ciertamente y en apariencia, esta opción podría parecer la más efectiva para prestar la necesaria atención hacia el administrado. Muy al contrario, la mínima eficiencia de los servicios públicos, sobre todo en algunas áreas clave y en determinadas zonas geográficas, se ha convertido en un caos total.
No solo es la manifiesta dificultad que entraña el contacto telefónico o telemático con el servicio de turno, sino que, además, si finalmente lo consigues, la cita suele ser a uno o dos meses vista. Y todo ello en plena era digital y con una creciente oferta en la función pública.
Dudo de que la imposición de la cita previa se ajuste del todo a derecho. De hecho, si ahondamos en la Constitución española, incluso en alguna normativa europea o en algunas directrices autonómicas, es probable que pudiéramos demostrar que se trasgreden los derechos esenciales del ciudadano.
Queda aún mucho trecho para poder afirmar que disponemos de una eficiente Administración. Y no se trata de poner el foco en los servidores públicos, sino en un sistema enmarañado que suele oscurecer el buen trabajo que desempeña la gran mayoría de los funcionarios. La atomización e ineficacia del modelo (o de los diferentes modelos que cohabitan en la España de las autonomías) evidencia la incoherencia de la prestación ágil que exige un Estado moderno y digitalizado.