La Audiencia Provincial dejó ayer visto para sentencia el juicio seguido contra dos hombres, R.P.G. y A.G.R. para quienes el Ministerio Fiscal ha solicitado una pena global de 18 años de prisión  como presuntos autores de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y otro de agresión sexual  a una ciudadana de nacionalidad venezolana, que se encuentra actualmente en calidad de testigo protegido, a la que supuestamente engañaron a través de las redes sociales con una falsa promesa de trabajo en España y posteriormente la amenazaron, vigilaron su libertad de movimientos e incluso obligaron a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento hasta que consiguió escapar de ambos.

La vista oral comenzó el pasado lunes y concluyó ayer jueves con la lectura de los informes finales de Fiscalía, defensa y acusación particular, que además de los cargos presentados por el representante del Ministerio Público añadió los delitos de coacciones y amenazas, según informó a este periódico la defensa legal de la víctima, la abogada palentina María de la O Revilla del Campo. La defensa, entre tanto, solicitó la libre absolución.

La víctima, en calidad de testigo protegida, declaró por videoconferencia y relató todas las vicisitudes a las que fue sometida mientras estuvo en el norte de Palencia. En la vista oral también declaró otra testigo protegida que si bien no denunció su caso particular, aseguró que, al parecer, también vivió situaciones humillantes.

Por lo demás, la Fiscalía, en el escrito de acusación, concreta una pena total de 13 años de prisión para R.P.G. como presunto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y otro de agresión sexual, mientras que para A.G.R. solicita cinco años de cárcel como presunto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en calidad de cooperador necesario.  Asimismo, en el apartado de la responsabilidad civil, pide a R.P.G. una indemnización para la víctima cuantificada en 16.400 euros, así como las correspondiente orden de alejamiento y prohibición de comunicación con ella por un período de cinco años más el tiempo de prisión que le fuera impuesto. Los hechos arrancan en el mes de diciembre de 2018  cuando R.P.G. contactó con la víctima en su país de origen, a través de la aplicación Facebook, iniciándose entre ellos una relación sentimental a distancia.

Aprovechando la situación de vulnerabilidad de la mujer, la convenció para trasladarse a vivir a España prometiendo ayuda para encontrar empleo. La mujer, tras llegar a Guardo, sufrió supuestamente vejaciones y fueron coartados sus derechos.