El número de procedimientos sobre cláusulas suelo que siguen estando en trámite en el juzgado número 2, especializado en la materia, se mantiene en cerca de los 1.600, según el informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial acaba de publicar. 

Según los datos proporcionados, al finalizar el primer trimestre del año, marcado por el inicio de la pandemia del coronavirus y del estado de alarma, el juzgado palentino tenía en situación de trámite 1.582 procedimientos después de haber resuelto en el mismo período de tiempo 374 y haber ingresado, por otro lado, otros 167.

Al finalizar 2019, el juzgado número 2 todavía acumulaba 1.789 procedimientos abiertos por cláusulas suelo después de resolver en todo el año 1.517 aunque ingresaran en el mismo período de tiempo otros 977. Según estos datos, los jueces encargados de dirimir estos casos cierran una media de 200 casos por trimestre, que traducido en un año ascendería a 800, por lo que necesitarían otros dos si se mantienen las mismas circunstancias para finiquitar todos los expedientes.

Por lo demás, el informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial indica que durante el primer trimestre del año han llegado a los juzgados de lo social un total de 57 demandas por despido, sin olvidar que durante 2019 este número se elevó hasta los 273. Además, 183 trabajadores acudieron a la Justicia en reclamación de cantidades cuando en el global de 2019 fueron 485 los que ejercieron sus derechos laborales. 

Asimismo, entre enero y abril se presentaron 421 monitorios (un 15% menos que durante el primer trimestre del año pasado), mientras que a lo largo de 2019 se presentaron 1.855. Los monitorios son procedimientos especiales previstos para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, cuando dichas deudas consten en algún tipo de documento. Son competentes en los mismos los juzgados de primera instancia del domicilio o lugar de residencia del deudor. Se incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos. 

En cuanto a los lanzamientos hipotecarios en los tres primeros meses del año se llevaron a cabo dos, los mismos que los de todo el año 2019. 

Por último, al finalizar el primer trimestre de este año se encontraba en trámite un procedimiento judicial por la ocupación ilegal de una vivienda cuando en 2019 se resolvieron dos causas por este mismo motivo.