Una menor, en concurso de acreedores al deber 116.000 euros

ALBERTO ABASCAL
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Hacienda entiende que la niña «colaboró» con la supuesta ocultación de ingresos de los padres en su cuenta bancaria

Imagen de archivo de vehículos de una empresa en concurso de acreedores. - Foto: Jesús J. Matías

El juzgado de primera instancia número 1, que hace las veces del juzgado de lo mercantil, ha admitido a trámite la declaración de un concurso de acreedores presentado por una menor de edad, una vez que la Dependencia Regional de Recaudación de Castilla y León de la Agencia Tributaria le haya reclamado el importe de 116.085 euros tras abrirle un expediente de derivación por responsabilidad solidaria debido a las deudas contraídas por sus padres, según informaron a Diario Palentino fuentes judiciales. Es el primer caso de estas características que se presenta en Palencia.
Las mismas fuentes indicaron que los hechos que han originado el expediente parten del año 2010 cuando la joven contaba solo con seis años de edad. Bajo este prisma, Recaudación entiende que  la niña «colaboró» con la supuesta ocultación de ingresos de los padres en su cuenta bancaria con la finalidad de impedir la actuación de la Agencia Tributaria. Pese a que el procedimiento abierto por la administración se encuentra recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, las circunstancias personales han obligado a la menor, junto a sus padres, a presentar un concurso de acreedores en el juzgado. Según indicaron las fuentes judiciales consultadas, se trata de una situación de «insolvencia familiar» formada por el matrimonio y sus tres hijos menores, y con la pensión de la esposa como único recurso económico para toda la familia. Al parecer, los ingresos de la madre de familia provienen de una pensión que cobra al padecer una incapacidad permanente absoluta y cuyo importe además se encuentra embargado por la propia Agencia Tributaria por los mismos hechos.

Con el concurso familiar presentado por la firma Interforo Abogados, representada por el abogado palentino Jesús Puertas, «se pretende preservar la subsistencia de la familia y, consiguientemente, liberar de embargo y retenciones dicha pensión, así como establecer el importe de la cobertura de gastos necesarios para la subsistencia familiar durante la tramitación del concurso, tanto del respecto del patrimonio inembargable por su carácter inejucutable, como los correspondientes a su derecho de alimentos y cuando las necesidades apenas pueden ser cubiertas con dicho patrimonio inembargable».
«Con la promoción del concurso de acreedores se pretende aliviar las deudas familiares hasta donde legalmente sea posible y cumplir con sus mínimas obligaciones de supervivencia», mantiene Interforo Abogados.
Desde el punto de vista jurídico, la defensa legal de la familia argumenta que la insolvencia del matrimonio o la insolvencia familiar viene determinada por la imposibilidad de deslindar la titularidad de pasivos sin recurrir en demora a mayores gastos en la tramitación separada de los concursos.
Por lo demás, las familias y empresas que se declararon en concurso de acreedores (suspensión de pagos y quiebras) ante la imposibilidad de afrontar sus pagos y deudas sumaron 51 durante el primer trimestre de 2020 en Castilla y León, lo que supone un descenso del 3,8 por ciento respecto al mismo periodo de 2019, la menor del país donde cayeron un 22,3 por ciento con aumentos en seis territorios, según la Estadística de Procedimiento Concursal del Instituto Nacional de Estadística (INE).
De los 51 deudores concursados en el primer trimestre en Castilla y León, 23 son empresas (personas físicas con actividad empresarial y personas jurídicas) mientras que las 28 restantes son familias (personas físicas sin actividad empresarial). La mayor parte de las 23 empresas concursadas entre enero y marzo en Castilla y León, 11 en total, se encuentran en el tramo más bajo de volumen de negocio (hasta 250.000 euros), seguidas de cuatro en el tramo sin clasificar y dos en el de 250.000 a 500.000 euros. En cuanto a Palencia respecto a los concursos de acreedores presentados, el Consejo General del Poder Judicial informó que se han presentado seis, tres de ellos por parte de familias o personas físicas, mientras que a lo largo de 2019 se contabilizaron ocho y 15 en 2018.