Castilla y León pierde puestos en el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal por la falta de reformas de importancia, hasta situarse en el octavo lugar con una puntuación de 5,90 frente al 7,06 de Vizcaya, que ocupa el primer lugar, y el 7,02 de Madrid, a continuación. Pese a ello, un informe de la Unión de Contribuyentes (UC) asegura que la “inminente” mejora en el impuesto de Sucesiones ayudará a mejorar la posición de la Comunidad en el futuro. Además, precisa que una reducción o eliminación de Patrimonio, la bajada de Actos Jurídicos y la desaparición de impuestos propios permitirían mejorar su posición a nivel nacional.

La UC presentó hoy en Madrid la tercera edición del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF), correspondiente a 2019. Este índice, publicado por vez primera en 2017, clasifica a todas las comunidades autónomas por su capacidad de competir fiscalmente para retener y atraer empresas y profesionales, generando por tanto actividad económica y empleo.

El índice, producido por la Fundación para el Avance de la Libertad con el apoyo de la Unión de Contribuyentes y de la Tax Foundation estadounidense (que elabora un ranking similar para los cincuenta estados de su país), tiene en cuenta los tramos autonómicos de los grandes impuestos, los tributos cedidos a las comunidades, la especificidad canaria y la de los regímenes forales, y los impuestos adicionales establecidos por cada comunidad autónoma.

El informe destaca una ligera contracción de la competencia fiscal entre comunidades, que el año pasado era de 2,23 puntos sobre diez (entre el territorio más competitivo y el menos competitivo) y ahora es de 2,16 puntos. Por otro lado, el índice continúa claramente liderado por el País Vasco y la Comunidad de Madrid, que siguen ocupando las cuatro primeras posiciones (las provincias vascas se miden de forma separada al contar cada una de ellas con administración fiscal propia).

Igual que en 2017 y 2018, Vizcaya encabeza el IACF 2019, seguida de la Comunidad de Madrid (que pasa de la tercera a la segunda posición), Álava y Guipúzcoa. En quinto lugar continúa La Rioja, mientras Canarias sigue siendo sexta a pesar de las particularidades fiscales del archipiélago.

Asturias pierde una posición y reemplaza a Aragón como penúltima, mientras que Navarra, a pesar de disponer de concierto económico, continúa su fuerte retroceso pasando del décimo al decimocuarto puesto. La mejora más pronunciada es la de Galicia, que sube dos posiciones.

El último puesto lo ocupa Cataluña, como en 2018. Sólo pierde tres centésimas pero es la única comunidad que queda por debajo del aprobado. La UC señala que Cataluña mantiene un número “muy elevado” de impuestos autonómicos adicionales a los cedidos por la administración central, hasta el punto de triplicar la media de tributos propios de las demás comunidades.