El Ministerio de Trabajo presentó a finales de 2018 un plan antifraude a las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social para revisar cerca de 64.000 casos de baja laboral y certificar su justificación médica. Y aunque la mayoría de bajas laborales están justificadas, el fraude, que ha ido aumentando a medida que avanzaba la crisis, preocupa a las empresas, según han expuesto en muchas ocasiones. Tanto, que ha terminado por transformar completamente la profesión del detective privado.

En España operan algo más de 2.000 de estos profesionales, una profesión regulada y certificada por el Ministerio de Interior. O al menos esas son las licencias que actualmente están en vigor. 

Bajo este prisma, Diario Palentino ha tenido acceso a la documentación oficial por la que la Dirección General de la Mutual Midat Cyclops, colaboradora de la Seguridad Social, acaba de adjudicar un contrato en favor de la firma Miguel Ángel López Rodríguez, por un importe de 21.200 euros y dos años de ejecución, para acometer servicios de detectives en la provincia de Palencia.

En base a dicha documentación, el presupuesto base de licitación sin impuestos fue de 25.620 euros y el número de licitadores que se presentaron a la convocatoria fueron tres: además de la citada firma, concurrieron Intel Pro Justitia y Adchase Detectives.

Según se especifica en el pliego de prescripciones técnicas, los profesionales detectives de esta empresa adjudicataria se trasladará de forma puntual al lugar habitual de trabajo del trabajador en situación de baja médica, de incapacidad o perceptor de una prestación incompatible con la actividad laboral, para poder comprobar si el mismo está presente en las instalaciones o si el establecimiento permanece abierto o cerrado. Para esta verificación, se empleará el tiempo necesario para la comprobación del hecho ya sea en uno o varios días, salvo instrucciones específicas de la mutua contratante. 

Así las cosas, el seguimiento al trabajador se podrá iniciar en los centros mutua, en el domicilio particular o en el lugar habitual de trabajo, con la finalidad de comprobar y poder demostrar de forma fehaciente y contundente si realiza alguna actividad laboral, por cuenta ajena o propia, o cualquier otra actividad incompatible con las situaciones definidas anteriormente (deambulación, carga de pesos, movimiento de extremidades o tronco, conducción de vehículos, etcétera). 

Los seguimientos deberán durar los días suficientes para que se puedan constatar y demostrar los hechos y esta realizará durante un mínimo de tres días, salvo que la mutua considere suficiente un número de días inferior. En aquellos casos en los que la mutua considere insuficientes el mínimo de tres días, ésta realizará una solicitud de ampliación del seguimiento y se abonará la parte proporcional del seguimiento completo en función de los días adicionales de seguimiento. 

Desde 2012 hasta 2018 las bajas laborales por enfermedades profesionales se han disparado un 35% -de 7.466 a 11.382-, cifras que van en consonancia con la evolución de las solicitudes. Si hace ocho años se procesaron a nivel nacional 15.644 partes, en 2018 la cifra se situó en 24.082, según los datos aportados por  la Asociación de Mutuas de Accidente de Trabajo (AMAT).

En 2018, los partes comunicados con bajas médicas sumaron en España 11.382, la cifra máxima desde 2009 (9.691). Y los primeros nueve meses de 2019 no fueron una excepción al registrarse, según las mismas fuentes, un alza continuada con una variación interanual del 13,29% con respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto a las provincias con mayores registros de bajas laborales, de enero a agosto de 2019, por enfermedad profesional, Navarra ha concentró la mayor cantidad, con 141 casos por 100.000 habitantes en edad de trabajar. 

Le siguen: Guipúzcoa (87), Soria (75), La Rioja (74) y Murcia (70). Madrid se queda en 16 casos por 100.000 potenciales trabajadores, mientras que Palencia se encuentra en mitad del ranking nacional con 24,8 casos.

Por último, los detectives deberán realizar un trabajo previo de investigación sobre la persona objeto de seguimiento, según los datos aportados en el pliego.

La vida familiar y los domicilios privados no se pueden tocar

El detective deberá acudir a juicio ante los tribunales como testigo de la mutua defendiendo el informe elaborado por parte del mismo, acompañado de las pruebas gráficas y documentales obtenidas en las que se pueda identificar claramente la persona objeto de seguimiento, así como, en caso de exigirse por la normativa de aplicación, el encargo de la investigación. El investigador deberá aportar asimismo a juicio todo aquel material o aparataje necesario para la correcta reproducción en el juzgado del soporte video-gráfico o audible aportado como prueba. Dicho material deberá estar en perfecto estado de uso y funcionamiento. 

       En ningún caso, los detectives, que deberán tener en posesión su correspondiente licencia oficial otorgada por el Ministerio del Interior, podrán investigar la vida íntima de las personas que transcurra en sus domicilios u otros lugares reservados, ni podrán utilizar medios personales, materiales o técnicos de tal forma que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones o a la protección de datos. 

      Tampoco los detectives privados no podrán utilizar o hacer uso de medios, vehículos o distintivos que puedan confundirse con los de las fuerzas y cuerpos de seguridad.