El presupuesto del Ayuntamiento para el próximo año crecerá para asumir el pago de la sentencia de la calle Jardines y la cofinanciación de los proyectos con cargo a los fondos europeos Next Generation. La incógnita, y en ello está trabajando el equipo de Gobierno, es cuánto se expandirán las cuentas públicas, ya que la cifra final dependerá, sobre todo, del encaje en la propuesta de ingresos y gastos del acuerdo con la Diputación.

En ello están trabajando el alcalde, Mario Simón, y el concejal de Hacienda, Luis Miguel Cárcel, mano a mano con los técnicos municipales, con el objetivo de presentar la propuesta definitiva a los grupos políticos en los próximos días.

De ello se deduce, y así lo confirman fuentes municipales, que el Ayuntamiento y la institución provincial ya han alcanzado un principio de acuerdo sobre cómo se abonarán los 26.637.695,4 euros que la justicia ha ordenado que la ciudad abone a la Diputación tras el conflicto judicial por la calle Jardines. Esa es la cifra total, intereses incluidos, que se calcula que deberá pagar en febrero de 2022 y por la que el Consistorio se adhirió en octubre al Fondo de Impulso Económico del Gobierno de España para acceder a una financiación sin coste.

La primera incógnita que recae sobre ese principio de acuerdo entre el Ayuntamiento y la Diputación es qué parte de esos 26,6 millones se abonará en dinero contante y sonante y cuánto irá en solares municipales. 

La segunda es cómo se materializará la petición que la corporación municipal trasladó a la institución provincial para que elabore un programa de inversiones financiado con los intereses generados, unos 9 millones de euros, al que el Ayuntamiento pueda acceder con un amplio plazo de justificación.

En aquella sesión, la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, sostuvo que era «una propuesta más», que la apoyaba, «pero que la cuestión jurídica de cómo se va a hacer conllevaría un trabajo y se necesitaba tiempo».

Es, precisamente, en el encaje en el borrador del presupuesto de estas cifras en lo que están trabajando Simón y Cárcel. Si logran que ese principio de acuerdo tenga el encuadre jurídico pertinente y si el diseño de las partidas de gastos consiguen el respaldo de los técnicos, darán por cerrado el borrador y presentarán su propuesta económica para 2022 la próxima semana.

Por lo tanto, de cómo se articule en las partidas de gasto el principal y los intereses de la deuda con la Diputación dependerá en buena medida la cifra definitiva del presupuesto para el próximo año, aseveran fuentes municipales.

No obstante, cabe recordar, que tras sacar adelante gracias a la abstención del PSOE y Ganemos la adhesión al Fondo de Impulso Económico del Gobierno de España el pasado mes de octubre, el pleno alcanzó un acuerdo para que ambas instituciones hagan público el acuerdo antes del 24 de diciembre, fecha en la que deberá estar cerrado ya que la ley establece que el plazo para el cumplimiento voluntario de la sentencia es de tres meses desde su notificación.

Antes de ese día y de la presentación por parte del equipo de Gobierno de su presupuesto para 2022, el Ayuntamiento y la Diputación deberán dar cuenta a la sociedad palentina del acuerdo que da cumplimiento a las sentencias judiciales del conflicto de la calle Jardines, «el mayor de los problemas y desafíos para la ciudad», ha reconocido en diversas ocasiones el regidor capitalino.

periplo judicial. El pasado mes de septiembre, el Ayuntamiento supo que el Tribunal Supremo no admitía a trámite su recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que el 21 de abril obligó al Consistorio a cumplir, tal y como reclamaba la Diputación, el convenio que ambas instituciones firmaron para hacer posible la conexión de la calle Jardines, y que en la práctica se traduce en el pago por parte de la ciudad de unos 25 millones de euros a la institución provincial.

Todos los esfuerzos y recursos que el equipo de Gobierno de Mario Simón invirtió durante los últimos meses en que la justicia diese por buena la reinterpretación del acuerdo de la calle Jardines respaldada por los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento habían fracasado. 

Con la vía judicial cerrada, llegó el momento de negociar con la Diputación cómo se van a pagar esos 25 millones de euros, una cantidad que compromete los presupuestos municipales de los próximos años. Desde ese día, el Ayuntamiento se ha marcado como objetivo cumplir cuanto antes la sentencia y cerrar este conflicto.

Los fondos Next Generation obligan a cuadrar en los gastos otro millón y medio de euros más

El segundo asunto que está complicando el cierre del borrador del presupuesto para el próximo año son los fondos europeos Next Generation. El Ayuntamiento solicitó en septiembre casi cuatro millones de euros para financiar ocho proyectos de ciudad con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia promovido por el Gobierno de España.

En concreto, las dos líneas de acción a las que el Consistorio quiere dedicar estos fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia promovido por el Gobierno de España son, por una parte, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), en el que se enmarcan cinco acciones por un global de 3,5 millones de euros, y que persiguen en la creación para 2023 de una zona de bajas emisiones en el centro de la ciudad, entre las vías del ferrocarril, el río y los parques de los Jardinillos y El Salón.

Y la otra línea a la que el equipo de Gobierno quiere destinar los fondos Next Gen está asociada al Plan Estratégico del Comercio Minorista de la Zona Centro de Palencia. Suman cerca de medio millón de euros y persiguen «impulsar mejoras en la modernización, a través de la transformación digital y sostenible, tanto de la plaza de abastos como del comercio de proximidad de la ciudad».

En teoría, el pasado 30 de noviembre el Gobierno de España debía comunicar a los ayuntamientos qué proyectos aceptaba. No lo ha hecho, por lo que ahora el equipo de Gobierno tiene que proveer fondos en el presupuesto del año que viene, ya que la financiación alcanzará el 90% del coste de los proyectos.

El 10% restante y el IVA corren a cuenta del Consistorio, lo que supone que hay que aprovisionar unos 1,5 millones de euros en las partidas de gasto de cara al año que viene, además de contabilizar los ingresos comprometidos.

Cabe recordar que entre los proyectos para los que el Ayuntamiento ha solicitado financiación están ampliar los itinerarios peatonales seguros y accesibles a las calles Antonio Maura, Padre Higinio Aparicio y Eduardo Dato, explicó Polanco; y la conexión mediante carriles-bici con Villalobón y con el trazado del tren burra desde el Segundo Sotillo.