Las fronteras terrestres de España suman 1.918 kilómetros, con Francia, Andorra, Portugal, Marruecos y el Reino Unido (en Gibraltar) como vecinos. De todos ellos, apenas 20 son los que ocupan la alambrada que separa Europa de África por Ceuta y Melilla que, sin embargo, a pesar del escaso espacio físico que ocupa, es una de las fronteras más calientes del Viejo Continente, más allá de ese Mar Mediterráneo que se ha convertido en la última esperanza de miles de personas que huyen de sus país y se lanzan al agua en cochambrosas pateras en busca de un futuro mejor.
Desde el pasado 1 de enero hasta el 12 de febrero (cuando se dio la última cifra oficial del Ministerio del Interior), se contabilizaban 724 los inmigrantes irregulares que llegaron a España a través de los límites de las dos Ciudades Autónomas, una cifra similar a la del mismo período del año anterior (726). Más allá de los números, la frontera española con Marruecos ha regresado estos días a la actualidad por dos asuntos: el anuncio del Gobierno de que, para conjugar la eliminación de las concertinas del vallado, se subirá su altura en un 30 por ciento; y sobre todo, por la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre las devoluciones en caliente. En un giro de 180 grados, la Justicia comunitaria avaló la actuación de España al realizar la devolución sumaria de dos inmigrantes subsaharianos que saltaron la valla de Melilla en 2014 sin ser identificados.
Estos dos sin papeles acudieron, posteriormente, a los tribunales para poner un recurso contra esta acción y, en primera instancia, los magistrados les dieron la razón, obligando al Gobierno nacional a indemnizarles con 5.000 euros a cada uno. Pero el Ejecutivo, liderado entonces por Mariano Rajoy, decidió recurrir el fallo, aún con el riesgo de que las consecuencias para la legislación patria fueran peores. Pero no. «Este Tribunal considera que los demandantes se pusieron ellos mismos, de hecho, en una situación ilegal cuando intentaron de forma deliberada entrar en territorio español el 13 de agosto de 2014 de una forma no autorizada al escalar las vallas que rodean el enclave español de Melilla en la costa norteafricana», señala una sentencia adoptada por unanimidad que deja claro que España no violó la prohibición de realizar expulsiones colectivas que aparece en la Convención Europea de Derechos Humanos ni tampoco el artículo 13 sobre el derecho a un recurso efectivo.
En el tejado de moncloa
Este fallo crea jurisprudencia no solo en España, sino en toda la Unión Europea, puesto que las resoluciones de Estrasburgo son de obligado cumplimiento para los países miembro, aunque es verdad que los Ejecutivos han retrasado o cuestionado la interpretación de otras sentencias anteriores. Por tanto, ahora la pelota sobre las devoluciones en caliente está en el tejado del Gobierno que se muestra dividido con este asunto.
Cuando el PSOE formaba parte de la oposición, las entregas sumarias de inmigrantes en la frontera fueron un arma arrojadiza que los socialistas utilizaron en numerosas ocasiones contra el Ejecutivo popular, que dio cobertura normativa a estas acciones en la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 mediante la figura jurídica de nueva creación llamada rechazo en frontera. Con este precepto, Moncloa trató de cubrirse las espaldas para poder entregar sobre la marcha a Marruecos a los inmigrantes interceptados en el vallado fronterizo que separa Ceuta y Melilla del país africano.
Desde la oposición se prometió entonces derogar parte de esta nueva Ley, incluyendo la parte de las devoluciones en caliente. De hecho, Ferraz presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la normativa de Seguridad Ciudadana que aún está pendiente de resolverse.
Pero todo cambió cuando Pedro Sánchez alcanzó el poder tras vencer la moción de censura contra Mariano Rajoy. Aunque es cierto que la normativa fue objeto de debate en la comisión de Interior para encarrilar una reforma que quedó paralizada por la convocatoria de las elecciones de abril, en 2018 (con el PSOE en La Moncloa desde junio) se realizaron 658 devoluciones en caliente, 51 más que en el año anterior. El Ministerio del Interior no ha facilitado los datos de 2019, aunque los expertos en inmigración irregular aseguran que han continuado a niveles similares o superiores.
Pero los socialistas no están solos en el Gobierno. Y su socio en el poder es acérrimo defensor de la eliminación de las entregas sumarias en la frontera. En sentido, y a pesar de sus responsabilidades en el Ejecutivo, Podemos no dudó en criticar duramente la sentencia de Estrasburgo. «Es un fallo impresentable», apuntó el portavoz morado, Rafael Mayoral. De hecho, fuentes de Podemos criticaron el pasado miércoles los planes en materia de política migratoria que tiene previsto impulsar el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. En concreto sobre este asunto, consideran que «elogiar sentencias que avalan la violación de los Derechos Humanos» es «lo contrario» de lo que figura en el acuerdo que firmaron con el PSOE.
Muy organizados
Ajenos al fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, decenas de inmigrantes, en su mayoría subsaharianos, esperan en el Monte Gurugú, cerca de la localidad de Nador, su oportunidad para pisar suelo español. Aunque ya no son tantos como en el pasado, y los saltos masivos de 500 o 600 personas parecen desterrados, los sindicatos policiales avisan de que los grupos que intentan acceder a Ceuta y Melilla de esta manera están mucho más preparados que antes. Alertan de que los sin papeles preparan con mucho tiempo estos saltos y que, cada vez con más frecuencia, emplean elementos como lanzallamas caseros y sustancias corrosivas, con el ánimo de atentar contra los agentes.