El pleno del Ayuntamiento aprobó ayer con el voto en contra de Ganemos y la abstención del PSOE una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana que ofrece novedades importantes para el desarrollo urbanístico de la ciudad: una rebaja de la protección del arbolado, la conversión a viviendas de entreplantas que hasta ahora se destinaban exclusivamente a oficinas y la llegada de las gasolineras low-cost y desatendidas.

La nueva redacción de los artículos 154 y 185, dos que afectan a la gestión del arbolado en la vía pública, llama la atención sobremanera por toda la polémica y las quejas de determinados grupos ciudadanos suscitadas en los últimos meses por la pretendida tala de árboles en el parque de los Jardinillos o por la limpieza realizada en la ribera del río Carrión.

Cabe recordar que el motivo por el que el juzgado falló contra la tala de 73 árboles de Los Jardinillos fue que la justificación dada para su apeo por parte del Ayuntamiento incumplía la exigencia marcada en el PGOU de que únicamente se pueden eliminar árboles «por causa de fuerza mayor imponderable».

Pues bien, ahora el Consistorio reescribe este artículo 154 para especificar que «cuando sea necesario eliminar algunos ejemplares por causa justificada, se realizará sobre los ejemplares de menor valor, en función de su edad, porte y estado fitosanitario».

De paso, el equipo de Gobierno de PP y Cs también modifica el artículo 185, que dicta que en los ecosistemas de ribera, «se prohíbe toda destrucción o modificación de la vegetación arbórea, arbustiva, de matorral o herbácea de las orillas o márgenes de los cursos de agua».

Ahora, se añade la coletilla «siempre que se trate de vegetación propia de estos ecosistemas de ribera», y se especifica que «se admite la modificación o sustitución de las especies arbóreas existentes que no formen parte del propio ecosistema de ribera».

Conviene recordar que la Confederación Hidrográfica del Duero ha abierto un expediente al Ayuntamiento por la tala llevada a cabo en la ribera del Carrión,  entre el puente Mayor y el de Sandoval, ya que la comisaría de aguas entiende que se necesitaba de un permiso específico y no valía con una declaración responsable. Con este cambio, el equipo de Gobierno se asegura que no tendrá problemas a la hora de llevar a cabo su proyecto de integración del río en el tramo entre Puentecillas y el parque de Marcelino Champagnat.

Esta es la novedad más llamativa de la modificación del PGOU que ayer se aprobó de forma inicial y que, ahora se abrirá a la exposición pública para la presentación de alegaciones, pero hay más. El Consistorio ya flexibilizó en 2018 la normativa que regulaba las condiciones de las entreplantas para que albergasen nuevos usos y evitar así que proliferasen los locales vacíos. Entonces, quedó fuera la posibilidad de que se convirtiesen en viviendas si no cumplían la altura mínima que se exige a nuevas viviendas. 

Ahora, se vuelve a cambiar el PGOU para admitir el cambio de uso a vivienda en las entreplantas existentes «siempre que la altura libre mínima no sea inferior a la establecida en el Código Técnico de Edificación».

Debate político. Sobre estos cambios debatieron los cinco grupos municipales, que se alinearon en dos frentes, los que están a favor de la propuesta, PP, Cs y Vox; y los que la rechazan, aunque por motivos distintos, Ganemos y PSOE. El concejal de Urbanismo, Luis Fernández, defendió la postura del equipo de Gobierno para llevar a cabo esta modificación del planeamiento urbanístico de la ciudad. «Pretende adaptar la normativa a la práctica diaria, a la realidad y las necesidades del municipio, a fin de solucionar los problemas que han ido surgiendo en la aplicación e interpretación de la norma» resumió el edil.

Para Fernández se trata de un cambio «necesario para mejorar» un PGOU aprobado en 2008 que «en muchos casos limita y dificulta sin causa justificada la ejecución de nuevas obras, la rehabilitación de edificios o incluso el aprovechamiento racional de lo existente».

Vox, por su parte, convino en que «era necesario un cambio en el PGOU» pero Sonia Lalanda aseguró echar en falta «más ambición y visión de futuro». «La modificación recoge nuestras alegaciones pero la defensa que se hace de ella es pobre y mediocre. Hacen dejación de una oportunidad magnífica de adecuar la normativa urbanística al presente y futuro de la ciudad», sentenció la portavoz de Vox. 

En el lado contrario se situaron Ganemos y el PSOE, aunque por motivos distintos. La plataforma vecinal criticó que estos cambios «solo obedecen a intereses de empresas y particulares», y su portavoz, Sonia Ordóñez, se mostró muy crítica con la rebaja de la protección del arbolado. 

«Como no han encontrado excusas dentro del ordenamiento para talar en Jardinillos tras la sentencia o en la ribera tras la denuncia de la CHD, cambian la norma para tener vía libre. Es una trampa muy zafia», criticó Sonia Ordóñez.

Ganemos tampoco se mostró de acuerdo con la posibilidad de convertir las entreplantas en viviendas, con las nuevas estaciones de suministro de combustibles y criticó que mientras por un lado se argumenta que los cambios facilitarán que haya más plazas de aparcamiento, «establecen un límite de tres por edificio, lo que aumentará el problema en la vía pública». 

«No vamos a apoyar esta modificación y alegaremos durante el período de exposición pública», finalizó la portavoz de Ganemos. Objeciones que también anunció el PSOE, quien sin embargo no entró a valorar el fondo de la modificación y se limitó a criticar la falta de participación en la redacción de la misma.

«No se han debatido las propuestas para llegar a acuerdos; han presentado un documento cerrado y listo para la aprobación inicial», criticó el concejal Luis Muñoz. «El único sector que ha participado hasta el último minuto, teniendo conocimiento de todo el proceso de modificaciones, ha sido el inmobiliario, lo cual aplaudimos, pero los que estamos aquí sentados representamos a toda la sociedad», sentenció.

Camino libre para gasolineras más pequeñas y medidas menos estrictas para garajes

Otro cambio que ya se debatió en la anterior modificación puntual del PGOU pero que finalmente no se aplicó, y que ahora vuelve a incluirse es el relativo a las estaciones para el suministro a vehículos. Hasta ahora, cualquier empresario que desee abrir una estación de suministro de combustible debía disponer de una parcela mínima de 1.000 metros cuadrados y respetar que tanto la edificación como las instalaciones de la estación se retranqueasen un mínimo de 15 metros a caminos públicos y de 10 metros a linderos laterales.

Una vez que se apruebe definitivamente la modificación del PGOU, existirá la posibilidad de abrir dos tipos de estaciones de suministro. Las de categoría 1 serán aquellas destinadas a la venta al público de gasolinas, gasóleos y lubricantes que distribuyan tres o más productos diferentes de gasolinas y gasóleos de automoción; y las de categoría 2, las que distribuyan menos de tres productos. 

Las primeras deberán disponer de los aparatos necesarios para el suministro de agua y aire y estar ubicadas en parcelas mínimas de 1.000 metros cuadrados. Para las segundas, por el contrario, bastará una parcela mínima de 350 metros cuadrados y que la distancia a viviendas o parcelas de uso residencial sea de al menos 15 metros. Con esto, la ciudad abre las puertas al modelo de negocio de las gasolineras low-cost, que pese a que ya se ha instalado alguna en la ciudad, ahora lo podrá hacer bajo una condiciones mucho menos exigentes.

otros cambios. Más allá de estos cambios, la modificación del PGOU también elimina la obligación de que el número de trasteros sea al menos igual al número de viviendas al que sirvan; cambiar la superficie máxima de los garajes y aparcamientos públicos de segunda clase hasta 900 m² y abre las puertas a la reducción del número de plazas en edificios residenciales en determinados casos, amén de permitir la construcción de garajes en edificios con acceso por zonas peatonales. Cambios, estos últimos, que seguro permitirán avanzar en el proyecto de construcción de un aparcamiento en el patio del Palacio del Obispado.

Otra novedad aparece en el artículo 126, por el que ahora se permitirá «ocupar las superficies de espacios libres o de dominio público que resulten indispensables para la realización de obras que consigan reducir al menos, en un 30 por ciento la demanda energética anual de calefacción o refrigeración del edificio, cuando no resulte viable, técnica o económicamente, ninguna otra solución y siempre que quede asegurada la funcionalidad de los espacios libres, y demás elementos del dominio público».

Hasta ahora, la instalación de aislamiento térmico o fachadas ventiladas por el exterior del edificio, o el cerramiento o acristalamiento de las terrazas ya techadas, era un quebradero de cabeza, y con esta modificación se facilitará la concesión de licencias.