La seguridad jurídica es la única base sobre la que se construye un Estado de Derecho. Hace años, el entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, decía que el respeto a los derechos humanos, incluidos el derecho de defensa y la presunción de inocencia, el derecho a obtener una resolución jurídicamente fundada en un tiempo razonable y que pueda ser revisada en segunda instancia, no son cuestiones atinentes a la teoría procesal, fruto de las elucubraciones de los profesores universitarios u obsesiones de las ONG defensoras de los derechos humanos.
Estamos hablando de problemas de todos los días, concluía el ahora magistrado del Tribunal Constitucional, que, poco a poco, han ido en una progresión tan imperceptible como imparable, llenando de titulares escandalosos los medios de comunicación.
Acabamos de saber que un error "técnico", pero "de primero de Legislación" -omitir la disposición que marca la fecha de aplicación un día después de su publicación en el BOE, casualmente el 28 de diciembre, día de los Inocentes-, en la Ley de Presupuestos hace que estos retrasen su entrada en vigor hasta el 18 de enero. El Gobierno se quejó mucho de que una enmienda en el Senado apoyada por el PP retrasaba su aprobación una semana. Su error, que se produce por primera vez en la historia, retrasa ahora la aplicación veinte días y tiene consecuencias.
Pero eso no es lo más importante. El Consejo del Poder Judicial, amordazado y maniatado para poder hacer su trabajo, parece que va a validar la Ley de Vivienda del Gobierno -más podemita que socialista- pero señala que contiene numerosas deficiencias técnicas que harán difícil y controvertida su aplicación en los tribunales. El Consejo de Estado, que preside la socialista María Teresa Fernández de la Vega, ha emitido numerosos dictámenes en los que denuncia lo mismo: la técnica legislativa cada vez es peor. Seguramente porque prima la ideología sobre el conocimiento. Pero como las opiniones del Consejo de Estado no son vinculantes, el Gobierno hace caso omiso y sigue adelante.
Todo esto tiene una enorme importancia porque, luego, la ley se aplica de manera diversa y hasta opuesta según los jueces o los propios Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, las legislaciones autonómicas demasiadas veces son contradictorias entre sí o con las leyes estatales, el Supremo tarda demasiado en sentar jurisprudencia, y quienes pagan son los ciudadanos, los inversores nacionales o extranjeros y, sobre todo, la seguridad jurídica y el Estado de Derecho.
De aquello que decía hace más de diez años el entonces fiscal general, nada sospechoso de cercanía a la derecha, casi todo está igual o peor: El derecho de defensa sigue sin una ley específica; la presunción de inocencia ha caído a mínimos; se están convocando juicios para dentro de tres o cuatro años que se dictaminarán tres o cinco más tarde; la Justicia sigue siendo el campo de batalla indisimulado de los intereses partidistas; el Consejo General del Poder Judicial sigue bloqueado y sin renovación y el Tribunal Supremo no puede resolver sus asuntos porque no puede sustituir las bajas; el Constitucional parece que navega sin rumbo fijo; y los titulares de los medios son más escandalosos que entonces.
Y lo peor de todo es que la mala técnica legislativa de quienes hacen las leyes -reitero, la ideología se impone al conocimiento-, el abuso de los decretos leyes, la inclusión subrepticia de reformas en leyes de otro contenido o el cambio de reglas sin debate dañan profundamente la seguridad jurídica y favorecen a los tahúres. ¿Qué pasaría, si en lugar de seguir enfrentados, sumaran fuerzas para restar errores y hacer bien las cosas pensando en los ciudadanos?