La Fiscalía General del Estado ha comenzado a analizar las revisiones de condena por abusos sexuales que se han conocido tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la ley del "solo sí es sí" y que han supuesto una reducción de penas para los condenados por estos delitos, para unificar criterios de cara al aluvión de recursos que se viene encima. Al mismo tiempo los presidentes de las quince secciones de lo penal de la Audiencia Provincial de Madrid tienen previsto reunirse el próximo 25 de noviembre con el mismo fin, aunque en este caso la cita estaba programada de antemano como es habitual, explican, cada vez que se produce un cambio legislativo sustantivo. Mientras que la decisión que adopten los fiscales, si finalmente se gira desde la Fiscalía General una circular que sirva de guía para su actuación en estos caos, se tendría que seguir a rajatabla, dado el orden jerárquico por el que se rigen, los jueces solo están sometidos al criterio de independencia a la hora de decidir.  

Lo que ha ocurrido con la aplicación de la ley ya había sido anunciado en el informe preceptivo pero no vinculante emitido por el Consejo General del Poder Judicial, aprobado por unanimidad, en el que ya se preveían los problemas que podrían surgir con la reducción de las penas en algunos supuestos o con la rebaja de la edad del consentimiento, de tal forma que el deseo de protección a las víctimas de los abusos sexuales se ha vuelto contraproducente en algunos caos y ahora habrá que esperar a que el Tribunal Supremo fije jurisprudencia, para lo que habrá que esperar una serie de años. Esa ha sido la posición que ha mantenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante las insinuaciones de que sería necesario modificar la ley al ver sus efectos perversos. 

A la vista de las consecuencias de la aplicación de la ley parece evidente que se trata de una norma que había sido mal planteada y que en esa pifia tienen tanta responsabilidad como el Ministerio de Igualdad dirigido por Irene Montero, el Gobierno en su conjunto que dio luz verde al proyecto de ley, como los legisladores que la aprobaron. La obligación de Montero y de las Cortes era haber redactado un texto que no diera pie a las "malas interpretaciones" que a juicio de los morados se han sucedido por parte de los jueces. 

Tanto Irene Montero como el fundador de Podemos Pablo Iglesias, han considerado que la mejor defensa es un ataque y han acusado a los jueces de machismo y les han recomendado pasar por cursos de formación para tener una visión feminista de la aplicación de la ley. Las acusaciones de sectarismo y radicalización se han convertido en argumentos de ida y vuelta. Y aunque a los dirigentes de Podemos que defiende la validez de la norma no les falte razón en algunos casos, -no se puede negar la existencia de una derecha judicial que no es nada partidaria de la ministra de Igualdad- tampoco se puede negar que la precipitación y el deseo de sacar adelante la norma cuanto antes, al calor de la sentencia contra La Manada, ha dado pie a una redacción de la ley defectuosa o cuanto menos susceptible de una aplicación que favorece al culpable, desprotege a las víctimas y crea inseguridad jurídica. Pedir la asunción de responsabilidades políticas por el fiasco es clamar en el desierto.