El Consejo de Cuentas advirtió ayer del «fracaso» de las medidas contra la despoblación puestas en marcha en las últimas dos décadas y que no han impedido un descenso del 1,9 por ciento de la población regional desde el año 2002, un periodo en el que, sin embargo, aumentó el censo nacional en un 14,3 por ciento. El peso nacional de los habitantes de Castilla y León ha pasado del 5,9 al 5,1 por ciento. Así lo puso de manifiesto la institución propia, que celebró en las Cortes un pleno cargado de simbolismo, en el que aprobó un informe «pionero» a nivel nacional para la fiscalización de la aplicación de las medidas aprobadas por el Parlamento en materia de despoblación en las entidades locales. El trabajo, que aborda las actuaciones concretas de los últimos seis años, si bien el análisis de las tendencias poblacionales se ha extendido a los últimos 15, fue entregado al presidente de las Cortes, Luis Fuentes, quien agradeció esta sesión que aborda un «problema capital» en la Comunidad. «Tratamos de buscar una solución», sostuvo Fuentes, quien definió como «éxito» la aprobación de este informe que, sentenció, «es un punto de partida para el camino que queda por recorrer» contra la despoblación y por el que insistió en su «compromiso personal». 

El presidente del Consejo, Mario Amilivia, invitó al poder legislativo y a la Junta a estudiar las recomendaciones de la institución «para mirar hacia adelante», si bien aclaró que el documento «no pretende interferir en la acción política, sino aportar una reflexión sobre lo hecho hasta ahora y dar visibilidad a las carencias detectada». Apuntó que se ha elegido este momento y las propias Cortes porque, entre sus sugerencias, hay tres de carácter simbólico-temporal muy cercanas al Parlamento y al Ejecutivo regional. Por un lado, explicó que este ejercicio finaliza la aplicación de la Agenda para la Población 2010-2020 y la Administración autonómica «debe evaluar el impacto real de las medidas desarrolladas para determinar la estrategia que se deba desarrollar de cara al futuro», con lo que este trabajo se espera que sea «un punto de partida».

En segundo lugar, porque una de las recomendaciones es la creación de una figura similar a la del Observatorio de la población, acordado en 2006, pero «no puesto en marcha de manera efectiva», y que se crearía en el seno del Parlamento para un seguimiento de las medidas. Una mano tendida que recogió Fuentes, quien vaticinó que el Parlamento podrá estructurar la creación de este instrumento.

Y por último, porque es el propio Luis Fuentes el coordinador del grupo europeo, en el marco de la CALRE, de despoblación y envejecimiento. «Creemos que ahí se pueden poner en común el grado de cumplimiento de las medidas puestas en marcha en Castilla y León y en otras regiones europeas», expuso Amilivia, quien insistió en que «de no tomarse acciones, la Comunidad está avocada a poner en riesgo nuestro futuro y el de nuestros hijos».