El 1 de junio de 2018 triunfó la moción de censura que derribó a Mariano Rajoy, y de acuerdo con las previsiones constitucionales Pedro Sánchez fue elegido presidente del Gobierno de España. Con legalidad y legitimidad. Pedro Sánchez llegó a La Moncloa con la promesa de que convocaría elecciones generales lo antes posible. No consideró necesario cumplirla hasta un año después y ahí empezó a granjearse una imagen de utilizar en beneficio propio el manejo de los tiempos políticos, las instituciones y de cambiar de opinión en horas veinticuatro sin despeinarse.
Llegar en plena efervescencia de los partidos de la nueva política –lo que facilitó sus intereses electorales un año después-, con un Partido Popular en plena crisis y a punto del 'sorpasso' por Ciudadanos –ay, Albert Rivera-, con Cataluña asimilando la resaca del referéndum ilegal y de la declaración unilateral de independencia que duró unos segundos, fue solo el preámbulo de lo que vendría después tras ganar en dos ocasiones las elecciones generales y verse obligado –matemáticas parlamentarias inexorables- a pactar con Unidas Podemos y a recabar el apoyo de partidos independentistas catalanes y vascos.
A partir de ahí toda la vida política va a venir condicionada por esos hechos y desarrollada entre hechos imprevisibles, como el desarrollo de una pandemia que ha afectado a todos los aspectos de la vida de los españoles y una inusitada guerra en el corazón de Europa, más otros acontecimientos naturales de tono menor en relación con los anteriores.
Quizá el elemento vertebral de la acción del Gobierno en estos años y ante estas circunstancias adversas haya sido la decisión del Ejecutivo de afrontar sus consecuencias de forma distinta a la crisis financiera que creció a partir de 2008, con el establecimiento de un escudo social que cubriera a los ciudadanos más afectados por el impacto de las crisis en la actividad económica. Unas acciones que no parece que hayan sido suficientes para que los dos socios de gobierno hayan capitalizado electoralmente ese trabajo. Tampoco los esfuerzos por rebajar los precios de la energía que se han desbocado, y han convertido la inflación en el principal problema económico derivado de las dos crisis.
El segundo eje ha sido la forma en la que se ha abordado el expediente catalán, con el indulto a los dirigentes independentistas condenados por el Tribunal Supremo y la organización de una mesa de diálogo que solo se ha reunido en una ocasión, hasta el momento. D dos decisiones que han contribuido a que el procés independentista haya quedado prácticamente superado, aunque nuevos acontecimientos –espionaje, inversiones- pueden reactivarlo.
Y no puede olvidarse que desde el primer momento, el Gobierno de Pedro Sánchez ha gastado muchas energías por las crisis internas desatadas por el desencuentro entre los dos socios de gobierno y sus socios parlamentarios. Todo ello munición de grueso calibre para la oposición que junto con el cambio de liderazgo en el PP y el auge de Vox han rebajado sus posibilidades de continuidad.
Han sido cuatro años en los que Pedro Sánchez también ha dilapidado una parte esencial de su capital político: la credibilidad, que empaña su capacidad para transmitir los logros de su Gobierno. Y comienza a debatirse si Sánchez es parte de la solución o del problema del PSOE de cara a los procesos electorales pendientes.