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Más que una simple afición

M. H. (SPC)
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Los cazadores están tomando conciencia de que la actividad cinegética corre peligro como nunca antes debido al desconocimiento y al radicalismo de una parte de la sociedad y del Gobierno, que están años luz de la realidad del mundo rural

La mayor cantidad y calidad de datos de algunas especies, como la codorniz, provienen de estudios realizados por cazadores; en la imagen, tomando datos biométricos de un ejemplar recién anillado.

Hay quien considera la caza un deporte, pero, más allá de las competiciones que se puedan organizar, no lo es. Se la podría calificar de afición, pero ese apelativo se queda sin duda corto. La palabra que seguramente mejor la defina es sentimiento, algo similar a lo que puede ocurrir con los aficionados a la tauromaquia. Y es que un cazador no es cazador solo cuando sale al campo; un cazador es cazador cada minuto de cada día del año. Es cazador cuando cuida de sus perros; cuando prepara los bártulos de víspera; cuando despluma o desuella, eviscera, cocina y consume las piezas que ha conseguido cobrar; cuando sale al campo en época de veda para disfrutar de los animales criando o para aportarles agua y alimento si las condiciones del campo así lo piden. Un cazador es cazador, en definitiva, desde que nace hasta que muere, desde que se queda en casa llorando porque quiere ir con su padre a pesar de que apenas levanta tres palmos del suelo hasta que se queda en casa esperando a que sus nietos vuelvan y le cuenten la jornada porque ya no le dan las piernas para ir tras las perdices.

Sin embargo, hasta ahora los cazadores no habían tomado conciencia de que su colectivo podía ejercer presión en las decisiones políticas. Y no lo habían hecho, sencillamente, porque no les hacía falta pensar en política como cazadores por el hecho de que la política no se había mezclado con la caza hasta hace relativamente poco. Gobiernos de un signo u otro habían respetado esta actividad, más allá de limitaciones lógicas obligadas por el avance de los tiempos; nunca se le había dado la importancia que tiene por parte de la clase política (si bien es cierto que el colectivo poco la había reivindicado), pero al menos se la había respetado. Por eso los cazadores pensaban en política como abogados, barrenderos, administrativos, agricultores, pescaderos... como ciudadanos de a pie. Pero eso ha cambiado.

Hasta hace poco más de dos años, los ataques a la caza provenían del ámbito privado o, como mucho, de organizaciones mal llamadas ecologistas. Es cierto que el distanciamiento de la naturaleza de la mayor parte de la población no ayudaba a mejorar la percepción de esta actividad, pero tampoco parecía muy necesario hacerlo porque se la podía seguir practicando sin mayores contratiempos. Sin embargo en los últimos tiempos los agravios han llegado por parte de quienes han de legislar y en cada vez más ocasiones esos agravios han cristalizado en normas restrictivas, casi siempre sin demasiado rigor científico, pero cargadas de ideología.

El control de ungulados es básico para prevenir enfermedades y sanear sus poblaciones.El control de ungulados es básico para prevenir enfermedades y sanear sus poblaciones.Ya en la pandemia, en pleno confinamiento, la caza se prohibió y fue gracias a la presión de federaciones y otros colectivos relacionados que en algunas comunidades se empezó a permitir al considerársela actividad esencial. Y esencial es, puesto de ella dependen en muchos casos las cosechas, el control de enfermedades o la seguridad vial, entre otras cosas. Eso comenzó a despertar en los cazadores un cierto sentimiento de colectividad que siempre había faltado. Que además se unió al de otras gentes del campo, agricultores y ganaderos básicamente, que también estaban viendo su actividad, profesional en este caso, amenazada por un Gobierno absolutamente alejado de los problemas que aquejan a quienes no viven o se ganan la vida en las ciudades.

Tras eso, la prohibición del silvestrismo y de la caza de la tórtola o la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial elevaron la indignación y el tono de protesta. Se vetó la captura de fringílidos para entrenarlos para el canto (silvestrismo) dando por hecho que todos los que la practican inclumplen la normativa ejerciéndola sobre especies protegidas; se impidió cazar tórtolas cuando en los últimos años era notorio el aumento de sus poblaciones en muchas zonas y además sin tener en cuenta que gestionar una especie migratoria en una de sus paradas, sin prestar atención al resto de su ruta, no tiene sentido ni rigor científico (la RFEC está tratando de llegar a un acuerdo con el Ministerio de Agricultura para que se permita su caza en ciertos cotos piloto y poder demostrar que es beneficiosa para la especie, pero el departamento de Luis Planas no está muy por la labor); se terminó la caza del lobo cuando, después de cuatro décadas de ser especie cinegética, el número de manadas no había dejado de aumentar, su área ocupada tampoco y a pesar del ejemplo de Portugal, donde ya se había probado esta medida que solo sirvió para que la especie cayera en picado. Y todas estas decisiones, por supuesto, se tomaron sin consultar ni siquiera levemente a los cazadores.

La gota que colmó el vaso fue el anteproyecto de ley de Bienestar Animal, que, entre otras cosas, pretende evitar que los cazadores críen a sus propios perros, condenando así a muchas razas a su práctica desaparición, al menos con las características que tienen ahora, fruto de décadas de selección, trabajo y dinero invertido por parte de particulares. Un anteproyecto que, por cierto, recibió 6.000 alegaciones. El sector clamó contra los derechos de unos seres que no son sujeto de obligaciones. Bien está regular las obligaciones de las personas para con ellos, pero dotar a un animal de derechos fue otra muestra más de los años luz que hay entre el mundo rural y quienes pretenden legislarlo.

El veto a la  caza de la tórtola se basó en criterios cuestionables, igual que el intento de hacer lo mismo con la codorniz. El veto a la caza de la tórtola se basó en criterios cuestionables, igual que el intento de hacer lo mismo con la codorniz. Y entonces explotó. El 23 de enero se reunieron en Madrid decenas de miles de personas (6.000 para el Gobierno, 160.000 para la organización) convocados por Alma Rural, un conjunto de asociaciones que nació con la finalidad de dar visibilidad e intentar solucionar los problemas que acucian al campo y a las gentes que quieren vivir en y de él. Era la primera de las dos citas en la Castellana.

A la segunda, el 20 de marzo, acudieron 150.000 según la subdelegación (cifra que ya tenían decidida en fechas anteriores), 800.000 según la organización, que sin duda estuvo mucho más cerca de la realidad. Estaba convocada por la Real Federación Española de Caza (RFEC) y las principales organizaciones agrarias (ASAJA, COAG y UPA), además de otros colectivos, pero lo que se vio allí fue una auténtica marea naranja (las federaciones habían pedido a los cazadores que vistieran prendas de ese color), hasta el punto que la RFEC calcula que allí había 600.000 aficionados. 600.000, cuando en toda España, en 2019, había 743.650 licencias. Las propias fuerzas de seguridad, a pie de calle, admitían que la afluencia había superado todas las previsiones, a pesar de lo cual no se produjo ni un solo incidente. El mundo de la caza estaba harto y rugió, pero con educación.

Y el hartazgo no mermó con el tratamiento que se le dio al evento por parte de los medios de comunicación generalistas. Se mencionaba a la caza de pasada o directamente se la omitía. Una prueba más de lo alejada que está la sociedad, pues los medios no son otra cosa que un reflejo de ella, de lo que ocurre en el campo.

La caza ayuda a controlar las poblaciones de conejo. La caza ayuda a controlar las poblaciones de conejo. Pero tomar la castellana sirvió de algo. La RFEC mantiene un diálogo más o menos fluido con el Partido Socialista, que se comprometió poco después de la cita a sacar a los animales auxiliares de caza (perros, rapaces, hurones, caballos) de la ley de Bienestar Animal. Compromiso que, por otra parte, habrá que ver si se cumple, puesto que Sergio García Torres, director general de Derechos Animales (sic) y artífice del anteproyecto aseguraba hace escasas fechas que la ley va a ir adelante sin tocar ni una coma.

También se ha conseguido que no se prohíba la codorniz, algo que solicitó la Sociedad Española de Ornitología (curiosamente fundada por cazadores hace ya varias décadas pero que ha experimentado un viraje incomprensible) en base a censos con una metodología que haría sonrojarse a cualquiera que conozca mínimamente la especie y sin tener en cuenta los estudios que lleva realizando sobre esta avecilla migratoria el proyecto 'Coturnix' en los últimos lustros gracias a los cazadores.

Claves en la conservación

Porque sí, la realidad es que los cazadores no solo cazan, también se preocupan por la conservación. La mayor cantidad de datos sobre la codorniz provienen de 'Coturnix'; los únicos que se preocupan de que la tórtola tenga un hábitat adecuado para reproducirse (y se gastan su dinero en ello) son las sociedades de cazadores; los mejores datos que existen sobre las migraciones de la becada salen del proyecto 'Scolpax sin fronteras', llevado a cabo, también, por cazadores; las poblaciones de ciervos, cabras montesas, rebecos o muflones de media España no están infectadas de sarna porque los cazadores las mantienen a raya; la brucelosis y la tuberculosis están en regresión gracias, en gran parte, al control que ejerce la caza sobre ciervos y jabalíes; los agricultores cerealistas de cientos de comarcas salvan los muebles gracias a la reducción de las poblaciones de conejo que realizan los aficionados con sus perros y sus hurones; las poblaciones de lince ibérico comenzaron a recuperarse en la Sierra de Andújar, tras años de gastar mucho dinero sin resultado, cuando se comenzó a colaborar con las fincas de caza y las sociedades de cazadores locales para reintroducir el conejo…

Pero también hay ejemplos diametralmente opuestos: el urogallo se dejó de cazar en 1979 y sus poblaciones no han dejado de mermar a pesar de todo el dinero público gastado por asociaciones ecologistas a través de proyectos LIFE y otros instrumentos, hasta el punto de hoy en día no parece que pueda salvarse de la extinción; algo similar ocurre con la perdiz pardilla, que casi ha desaparecido de nuestras cordilleras desde que se prohibió su caza; en los parques nacionales ya no se permite la actividad cinegética, pero la administración tendrá que pagar a alguien para que mate animales (en vez de cobrar por ello) si no quiere que la sarna y otras enfermedades diezmen las poblaciones de ungulados y pongan en peligro al ganado de los lugareños.

Todo esto son cosas que los cazadores no han sabido, o no han querido, mostrar a la sociedad durante muchos años, pero que ahora saben que tienen que hacer ver para poder seguir practicando esa afición que trasciende lo físico y cuenta con un componente netamente emocional. Pero también para que la sociedad sepa que, sin la caza, los montes, los pastos y las llanuras serán peores.

La última batalla… de momento

La Real Federación Española de Caza ha presentado una enmienda a la totalidad exigiendo la retirada del borrador del Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad a 2023, cuyo plazo de trámite de audiencia e información pública terminó el pasado lunes. Entre las alegaciones a este borrador, la RFEC ha solicitado la apertura de una línea de escucha y colaboración activa, ya que, una vez más, no se ha contado con el sector cinegético para su elaboración en una muestra más de intolerancia e incumplimiento del derecho de la sociedad civil a ser escuchada en la elaboración de este tipo de normas.

Entre los principales ataques, el texto equipara la caza sostenible y controlada con el furtivismo como una de las principales presiones que sufren las aves invernantes y de paso, una consideración intolerable al obviar el importante papel que juega la caza en favor de estas especies. Además, se contemplan nuevas actualizaciones del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) y del Catálogo Español de Especies Amenazas, lo que conllevaría nuevas inclusiones de especies cinegéticas para prohibir su aprovechamiento, como ya se intentó con la codorniz.

Este Plan no tiene en cuenta la labor fundamental del sector cinegético en la conservación de las especies y en la prevención de incendios, a través de la ejecución y mantenimiento de senderos, cortafuegos o vigilancia. Y se genera una gran incertidumbre para su futura implementación, ya que trata de integrar multitud de estrategias y planes sectoriales que no profundizan en el desarrollo de los objetivos ni establece los medios necesarios para alcanzarlos.

De esta forma, mantiene las mismas consideraciones negativas sobre la caza que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ya ha utilizado en otras normas, tratando de regular la actividad a través de prohibiciones en planificar una buena gestión, que debe de ser más complicado.

Primera mujer en Europa

Aunque hasta hace relativamente pocos años era relativamente extraño ver una mujer en una jornada de caza, hoy en día cada vez son más las que comprenden y se enganchan a esta actividad. Como consecuencia de ello, van escalando en los puestos de responsabilidad de las federaciones y Lorena Martínez es un maravilloso ejemplo de ello. Esta ingeniera de montes de 32 años ha asumido recientemente el mando de un colectivo con cerca de 40.000 federados, la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana. Se trata de la primera mujer que accede a un cargo similar en toda Europa. «Existe una gran distancia entre determinadas políticas e ideologías de sesgo urbano y la realidad rural y de la caza. Sólo una perspectiva técnica, ética, objetiva y analítica puede suturar una herida abierta por el odio no sólo hacia la caza, sino hacia quienes vivimos en el campo y cuidamos de él. Esta ha de ser mi principal contribución como ingeniera», afirma.