Un «ambicioso y coherente» plan dotado con 470 millones para hacer frente a los estragos que la crisis económica está causando en las familias y empresas de Castilla y León. Beneficios fiscales, refuerzo del escudo social, y reducción de las cargas tributarias –articulado sobre 20 ejes y 75 medidas– son los puntales sobre los que se asienta el paquete anticrisis aprobado por el primer Consejo de Gobierno de la nueva Junta de Castilla y León. «El objetivo es generar más derechos sociales y económicos», resumió el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, encargado de presentar junto al portavoz y consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, los pormenores de un documento que el dirigente de la Comunidad ya había anunciado hace semanas. «Trasladamos la gran prioridad de este Gobierno, la recuperación económica y social, a este plan», explicó Fernández Mañueco, que reafirmó que, ante la «demora» del Ejecutivo central a la hora de tomar medidas, «nosotros vamos a cumplir».
La medida estrella incluida en el paquete, y que con más detalle explicó, fue la rebaja del tipo mínimo en el tramo autonómico del IRPF, que pasará del 9,5% al nueve por ciento, y que supondrá una merma en la recaudación de 20 millones anuales que se ahorrarán los ciudadanos. Trasladado al contribuyente, Fernández Carriedo señaló que esta decisión dejará 35 euros anuales en el bolsillo de un ciudadano con una cuota líquida de 12.450 euros. Esta medida supone, en palabras del presidente, el inicio de «la mayor bajada de impuestos de la historia de la Comunidad». No obstante, no será inmediata aunque sí retroactiva al 1 de enero de 2022, ya que cualquier modificación tributaria requiere de una ley, cuya tramitación ya anunció que se iniciará en los «próximos días» con el objetivo es que llegue a las Cortes y se apruebe antes de que acabe este ejercicio. Así, tendrá su efecto práctico cuando los contribuyentes hagan su declaración en 2023.
Acompañado en la sala por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, que declinó hacer declaraciones tras la presentación, Mañueco defendió en varias ocasiones que este paquete anticrisis es una iniciativa de todo el Gobierno cuyos integrantes asumen «con naturalidad y cordialidad». A renglón seguido sentenció que las medidas aprobadas han sido consensuadas por los equipos de PP y Vox en paralelo a las negociaciones del Gobierno con «el objetivo es actuar con eficiencia, cercanía y rapidez». «Es el primer día de trabajo del Gobierno, de ese del que se dicen tantas cosas, y desde el primer día se trabaja en generar más derechos económico y sociales», verbalizó el presidente autonómico, que aseguró que dentro de los 470 millones se incluyen los 200 ganados en los tribunales al Estado por el IVA.
Foto de familia del presidente, vicepresidente y consejeros tras la primera reunión del nuevo Consejo de Gobierno autonómico. - Foto: R. Cacho (Ical)Medio rural y familias
También dentro del ámbito fiscal, el extenso documento presentado cuenta con una rebaja tributaria en el medio rural, que dejará un ahorro de quince millones de euros en cerca de 300.000 personas. Ya dentro del ámbito social, se movilizarán 45 millones para ayudar a las familias más vulnerables, y, de forma temporal, se incrementará un 15% la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía y se agilizará el pago del bono térmico a 83.000 beneficiarios. Otros 20 millones se destinarán para actuaciones de formación y cualificación laboral y la apuesta por la promoción y la contratación de menores de 30 años. El sector primario, por su parte, recibirá una inyección de 30 millones en ayudas directas; mientras que 60 millones se destinarán a empresas y familias para que puedan reducir su factura energética, impulsando el autoconsumo y para incentivar las energías renovable. Igualmente, Mañueco anunció que se pondrá en marcha el mecanismo de actualización automática de precios para que los contratos se puedan ejecutar ante la cascada de renuncias por la crisis de suministros.