La renuncia de la vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial, Concepción Sáez, que años a fue propuesta por Izquierda Unida, ha puesto en evidencia la insostenible situación del máximo órgano de gobierno de los jueces.
No tienen competencias para hacer nombramientos, su presidente está en funciones desde la salida de Carlos Lesmes, lo que ha llevado a que más de un centenar de juzgados estén inoperativos. Seguir en esta resistencia numantina, aferrados al cargo, roza la indignidad; la misma que está manifestando el Partido Popular, "inventándose" una excusa tras otra para no renovar uno de los pedestales del Estado de Derecho.
Precisamente, la vocal dimitida alegaba en su carta al presidente que "por un excesivo, y quizá equivocado sentido de la responsabilidad, he venido aguantando". Debería esta frase hacer reflexionar a sus compañeros que todavía hoy, con un Consejo "caducado" desde 2018, siguen siendo renuentes a dejar el sillón.
Fuentes cercanas al PP achacan esta posible salida de los magistrados progresistas a una maniobra de Moncloa para forzar la renovación antes de la cita electoral de diciembre. Confiados en que Feijóo sustituya a Sánchez, no quieren que se encuentre con el Tribunal Constitucional y el CGPJ en manos de afines a la izquierda.
Pero, según otros analistas, podría darse la situación contraria. Y este temor es el que alegan los progresistas que no quieren dejar, ahora, su cargo. Según estos, podría ocurrir que el sector conservador, compuesto por diez vocales que no tienen la menor intención de dimitir, tras una victoria del PP, recuperara su capacidad de realizar nombramientos, incluidas las salas del Supremo vacantes, sin necesidad de pacto ninguno.
De momento, el próximo martes en el pleno, se va a debatir esta cuestión y la decisión final, que incluiría la salida de Rafael Mozo, su actual presidente en funciones, se podría tomar el mismo jueves.
Pertenecer al máximo órgano de la judicatura es un honor para cualquier abogado, otorga prestigio, participar en las más importantes decisiones de uno de los poderes del Estado y un muy buen salario.
Pero esas funciones y prebendas pierden todo su sentido si el Ejecutivo y el Legislativo torpedean sus funciones dejándoles reducidos a simples figurantes sin capacidad ninguna. Es ahí donde debe primar la dignidad, el respeto al cargo y la obligación de poner freno a lo que no es más que una burla de la norma constitucional.
Ya una vez, en situación parecida, con un bloqueo de los dos principales partidos, hubo una dimisión masiva que obligó al PP y al PSOE a dejar sus intereses electorales de lado y pactar la renovación. Ahora ha llegado el momento de volver a hacerlo.