Los gestos y los símbolos son importantes en política, pero para el nuevo Gobierno de coalición más, mucho más. Así, el Ejecutivo confirmó ayer que la ley de libertad sexual en la que lleva trabajando la ministra de Igualdad, Irene Montero, desde que llegó al cargo -dicen que por eso no se prodigó mucho en apariciones públicas-, se presentará antes del 8 de marzo, Día de la Mujer. De este modo, Unidas Podemos consigue arrancarle al PSOE este compromiso para cumplir con sus planes, que se estaban viendo alterados porque el Ministerio de Justicia no llegaba a dar su visto bueno al citado anteproyecto.

La Moncloa explicó que la norma en la que trabaja «es un proyecto legislativo ilusionante, que estará listo en los plazos previstos y enviará un mensaje claro de compromiso del Gobierno con la igualdad de cara al 8-M».

Esta ley, que modificará el consentimiento en los delitos sexuales, el conocido como sí es sí, debía de contar con el visto bueno de Justicia, que espera a que Igualdad dé el paso preceptivo para impulsar el anteproyecto de ley, ya que no ha propuesto incluirlo en la agenda de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que es el órgano encargado de preparar los Consejos.

Resulta curioso que las declaraciones de dirigentes morados exigiendo llegar a tiempo para un día tan señalado chocara con una de sus propias militantes destacadas, la exjueza Victoria Rosell, que quitó importancia a ese deseo, ya que lo importante es el contenido. «Lo esencial no es la fecha, sino tener una buena ley», remachó la canaria, más que por talante conciliador por pura lógica y seguridad jurídicas, que jamás deben supeditarse al protocolo.