Pegaso, el caballo alado de la mitología griega, era un animal extraordinario capaz de volar y hacer manar el agua allá donde pisaba. Si bien, por encima de estas características para nada comunes, había una que lo definía en su conjunto: ser completamente indomable. Una falta de todo control, esencia misma de su singularidad, que inspiró el nombre que más suena estos días en el Congreso: Pegasus.

Lo que comenzó siendo una polémica por un caso de espionaje a más de 60 líderes independentistas, filtrada por dos diarios extranjeros, sorprendió con un giro de guion magistral. Este software, que solo pueden adquirir los Estados, había violado también la seguridad de los móviles del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, lo tuvo claro: las casualidades, en política, no existen. Las fuerzas secesionistas también: este nuevo ataque no se trataba sino de una «cortina de humo» para intentar desviar la atención del hecho de que se había vulnerado la intimidad de muchos dirigentes catalanes vinculados al procés.

Y, a partir de ahí, el aluvión de reacciones a la acción de Pegasus terminó por convertir al ser alado en un caballo, pero de Troya, en el corazón del propio Gobierno. A las exigencias de los socios del bloque de investidura, con ERC a la cabeza, de una «cascada de dimisiones» y de la necesidad de depurar responsabilidades si se querían mantener los apoyos parlamentarios, les siguieron los dardos envenenados lanzados por el aliado del PSOE en el Ejecutivo de coalición. Unidas Podemos no dudó en atacar al Gobierno, obviando que es parte integrante de él, como les recordó la ministra Robles. 

Además, al igual que los partidos independentistas, puso el foco en un órgano del Estado desde el primer momento para colocarlo detrás del espionaje: el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Conscientes de lo delicado de la situación y de que la estabilidad de la legislatura estaba en jaque, el Ejecutivo eludió descartar el cese de la directora del CNI, Paz Esteban, y se remitió a las conclusiones de la investigación de los hechos. Unas pesquisas para aclarar lo ocurrido que, al margen de la vía judicial abierta, se trasladaron al Congreso en el plano político.

El primer paso fue reactivar la llamada Comisión de Gastos Reservados del Congreso, la única de la Cámara Baja con acceso a secretos oficiales, que controla las actividades del CNI y que recibe informes periódicos del Gobierno sobre el uso de fondos reservados por parte de los ministerios de Interior, Defensa y Exteriores.

Este órgano no se había podido constituir en estos más de dos años de legislatura, ya que los partidos secesionistas no tenían asegurados los 210 votos que se exigían para ser autorizados por el Pleno. Tras conocerse el espionaje a independentistas, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, propuso rebajar a 176 votos el requisito para acceder a secretos oficiales y 48 horas más tarde el Pleno eligió a los integrantes de la comisión.

Fechas clave

El Ejecutivo presumía de ciberseguridad apenas 15 días antes de reconocer que los teléfonos de Sánchez y Robles habían sido infectados por Pegasus en mayo de 2021. «España se encuentra a la vanguardia europea e internacional en lo que concierne a la ciberseguridad, tanto en términos regulatorios, como tecnológicos e institucionales», aseguraba en una repuesta parlamentaria a los diputados del PP Pablo Hispán y Valentina Martínez Ferro.

Casualidad o no, el espionaje al móvil institucional del presidente del Gobierno coincidió con el momento en el que debía decidir si indultaba a los líderes del procès y con la crisis con Marruecos que derivó en una avalancha de inmigrantes ilegales en Ceuta.

Después de meses en los que se barajaba que se iban a conceder, Sánchez anunció los indultos y apostó por abrir «una nueva etapa» el 31 de mayo. Unos días antes, el 17 y 18 de mayo, España vivía uno de sus momentos de mayor tensión con Marruecos, con la llegada a las costas de Ceuta de 6.000 migrantes de manera ilegal sin que las fuerzas de seguridad alauitas lo impidieran. Fue la respuesta de Rabat al ingreso en un hospital español y bajo identidad falsa del líder del Frente Polisario, Brahim Gali.