El Ayuntamiento se adhirió ayer al Fondo de Impulso Económico del Gobierno de España, lo que le permitirá acceder a una financiación sin coste, es decir al 0% de interés, para afrontar el pago de los 26.637.695,4 euros que debe a la Diputación tras el conflicto judicial por la calle Jardines. El equipo de Gobierno de PP y Cs sacó adelante su propuesta en el pleno gracias a la abstención de los grupos municipales del Partido Socialista y de Ganemos, y pese al voto en contra de Vox, su aliado natural.

Los socialistas no obtuvieron el compromiso que exigían para votar sí, es decir, que la Diputación revierta a la capital al menos y como mínimo 9 millones de euros -los correspondientes a los intereses generados- a través de un plan de inversiones fijado por el Consistorio; ni que el Ayuntamiento acometa en los solares de la calle Jardines una promoción de vivienda pública en régimen de alquiler y de compra.

La abstención del PSOE, y en parte también la de Ganemos, se basó en que no sumarse a ese fondo supondría renunciar a una «herramienta buena» y «aumentar la carga financiera sobre las arcas municipales». A cambio, presentarán una moción al pleno de mañana, la sesión ordinaria de octubre, con la que esperan el respaldo de los dos partidos del equipo de Gobierno.

En realidad, la parte del león del conflicto de la calle Jardines está aún por llegar: la negociación de cómo se pagan esos 26.637.695,4 euros entre el Ayuntamiento y la Diputación, dos administraciones dirigidas por el Partido Popular, es cierto, pero con intereses propios que sus funcionarios y dirigentes políticos deben, por ley, defender ante los ciudadanos.

Hace un mes que el Tribunal Supremo comunicó al Ayuntamiento que no admitía a trámite su recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León del 21 de abril que obligó al Consistorio a cumplir, tal y como reclamaba la Diputación, el convenio que ambas instituciones firmaron para hacer posible la conexión de la calle Jardines. En estos 30 días, aún no ha habido acuerdo sobre la fórmula de pago -en efectivo, en solares o mixta- ni en si debe o no revertir en la capital en parte o en su totalidad. 

Desde ayer, la institución provincial sabe que el Consistorio puede acceder a 26.637.695,4 euros en efectivo gracias al fondo gubernamental, y el temor del resto de grupos de la oposición es que eso altere una negociación que, fuera de micrófono, temen que esté ya viciada por la influencia que la presidenta de la Diputación y del Partido Popular, Ángeles Armisén, tiene sobre el grupo municipal del PP.

una decisión clave. La importancia del pleno extraordinario celebrado ayer quedó patente cuando fue el propio Mario Simón quien abrió el debate para dejar claro que la adhesión al Fondo de Impulso Económico, el cual incluye una partida destinada a los ayuntamientos y diputaciones para afrontar el pago de sentencias, «no era una cuestión política, sino económica y legal».

«La calle Jardines es el mayor de nuestros problemas y desafíos para la ciudad», reconoció el propio regidor capitalino, que también ponía en palabras que el Ayuntamiento «está en un momento difícil por la crisis del coronavirus» y, por lo tanto, urgía «buscar una solución económica lo más adecuada, barata y flexible posible».

Esa herramienta es la adhesión al Fondo de Impulso Económico, a la cual el equipo de Gobierno ya intentó sumarse en agosto sin éxito por la oposición de PSOE, Vox y Ganemos.  «Debe imperar ese sentido común», insistió Mario Simón, que recordó al resto de ediles de que el pleno «ni fijaba así el importe a solicitar ni la fórmula de pago de la sentencia». «Esa será la decisión más importante de esta legislatura y la va a tomar este pleno, pero no hoy», sentenció. 

acelerar la negociación. El intento del PSOE de poner en el tejado de la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, la pelota de la adhesión al Fondo de Impulso Económico no funcionó. Los socialistas comenzaron el pleno sin saber si se había aceptado sus dos condiciones «claras, responsables y razonables» y lamentaron «no ver reacción alguna en el Partido Popular».

Era imposible que el equipo de Gobierno, y sobre todo el Partido Popular, se comprometiera a aceptar una reversión a la ciudad de parte de esos 26,6 millones de euros que, en todo caso, corresponde fijar a otra institución, la Diputación. 

«El Ayuntamiento y la institucion provincial están obligados a entenderse porque estamos ante el problema más grave de la ciudad y porque los que se tienen que sentar a negociar son los mismos», aseveró Miriam Andrés, que recriminó al Partido Popular «que no se ha visto nada desde abril de la voluntad política» de la que hablan. 

«¿Cuánto tiempo más necesitan para llegar a un acuerdo? Ha pasado un mes desde la sentencia. Ahora tienen una buena herramienta, pero tememos que ahora vayan a relajarse aún más», añadió Miriam Andrés. 

Si el PSOE finalmente se abstuvo, tal y como explicó la portavoz del PSOE, fue porque no acceder al fondo del Gobierno supondría recurrir a un crédito con intereses y, por lo tanto, más carga financiera para las arcas municipales. 

Eso sí, avisó de que en el pleno de mañana se tramitará una moción de urgencia con las propuestas que no hallaron respuesta en el Partido Popular, con el objetivo de lograr una propuesta de resolución y acuerdo entre el Ayuntamiento y la Diputación antes de que acabe el año. «Nada mejor que comer el turrón en paz que poner fin a este litigio», sentenció.

Ganemos también expresó su deseo de «ser parte de la solución» y llegó a la conclusión de que «la posibilidad de obtener financiación a coste cero es un buen negocio para el Ayuntamiento». 

«Es una puerta que tenemos que abrir porque de todos modos el Ayuntamiento tendrá que solicitar algún recurso para salir de este desaguisado», aseveró su portavoz, Sonia Ordóñez.

Desde un principio, la plataforma se mostró incluso dispuesta a votar a favor con condiciones, como «participar en las negociaciones» y «que el acuerdo con Diputación incluya una fuerte inversión en vivienda protegida en los siguientes cuatro ejercicios».

la alternativa de vox. Vox ofreció la alternativa al PSOE al plantear ante el pleno una solución centrada en «pelear» contra la Diputación el pago o, mejor dicho la condonación, de los 9 millones de euros en intereses que lleva acumulado este conflicto judicial.

«Es perfectamente legal», aseveró la portavoz de Vox, Sonia Lalanda, que recalcó en varias ocasiones que «la gente en la calle no entiende cómo siendo del mismo partido y las mismas personas se haya llegado a pagar 26,6 millones».

En concreto, la propuesta de Vox es que la parte principal de la sentencia, los 17.431.778,32 euros que fijó la Comisión Territorial de Valoración se negocie su pago con la Diputación «en metálico, que es lo más sencillo y lo que todo el mundo tiene, con un aplazamiento sin intereses; o en solares que se pueden destinar a VPO». 

«Y que sobre los 9 millones de euros de intereses se llegue a un acuerdo de condonación, porque es perfectamente legal», insistió. «Eso es lo que le exigimos al señor alcalde, que en lugar de ir a lo fácil, que es pagar, defienda los intereses de la ciudad», sentenció la portavoz de Vox, que anunció la presentación de otra moción de urgencia para el pleno de mañana con el fin de testar el apoyo a su propuesta ente la corporación.

Ángeles Armisén pide respeto a la voluntad del pleno de la Diputación 

La gran aludida durante todo el pleno fue la Diputación, tanto que su presidenta, Ángeles Armisén, pidió como edil el turno de palabra al finalizar el debate de la propuesta para ratificar «la voluntad política total de la institución a llegar a un acuerdo», sí, pero también para pedir a los concejales de la capital «una reflexión de respeto a la voluntad del pleno de la Diputación».

«La presidenta no es la Diputación; la presidenta no puede hacer una manifestación pública en los términos que están pidiendo por respeto a la voluntad del pleno de la institución provincial e, incluso, a las conversaciones que puedo tener con el resto de grupos», aseveró Armisén.

«Para cualquier decisión que tomemos, y les digo que hay una voluntad total, nos tienen que dejar un tiempo. Avanzaremos en dar una solución que cumpla la legalidad y que sea en el interés general de todos los vecinos, tanto de la capital como de la provincia», sostuvo la presidenta de la Diputación. 

Ángeles Armisén también dejó otro mensaje importante: «La posición política de cada grupo en el Ayuntamiento no se puede condicionar a la decisión del pleno de otra institución». 

«Piensen que la voluntad [en este asunto], y tenemos que respetarla porque es otra institución con otros representantes, va a ser del pleno de la Diputación, aunque ya nos hemos comprometido y les hemos adelantado que la voluntad del equipo de Gobierno del PP es total para llegar a una solución en conjunto, no exclusivamente del cobro de una deuda», continuó Armisén.