La Ley Orgánica 4/2015, la que se conoce popularmente como Ley Mordaza, ha cumplido ya seis años  de vigencia, avalada por el Tribunal Constitucional a finales del pasado año, sin olvidar que libró sus batallas más cruentas durante la tramitación legislativa, en 2014 y principios de 2015. Fue una de las normas más polémicas del Gobierno de Mariano Rajoy, que estuvo en el centro del debate político desde su aprobación en 2015 con varios intentos frustrados de derogación o modificación en las Cortes.

El caso es que son ya siete años de Ley Mordaza, aunque con seis ejercicios ya cerrados, que invitan a la reflexión teniendo en cuenta especialmente el de 2020, el del primer año de la actual crisis sanitaria propiciada por el Covid-19 y que trajo consigo la declaración del primer estado de alarma, con unos datos realmente cuando menos curiosos.

Los datos indican que durante el pasado año se incoaron en Palencia bajo la Ley Orgánica 4/2015 un total de 3.738 sanciones con un montante global en multas de 2.212.262 euros. Este número de expedientes supone una media diaria de 10 sanciones, pero la cifra global del año 2020 equivale al 90 por ciento del total de los seis ejercicios juntos. Si se observa el gráfico adjunto respecto al número de sanciones impuestas por meses se ve perfectamente que marzo, abril y mayo, justo los meses que coincidieron con el confinamiento de la población, acumularon un total de 3.134 expedientes, lo que equivale al 40 por ciento del conjunto de los seis primeros años desde la instauración de la Ley Mordaza.

Como se puede apreciar la llegada de la crisis sanitaria a comienzos de 2020 supuso un salto importante en cuanto al número de sanciones interpuestas.  No hay que olvidar que dichos expedientes fueron avalados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en un tiempo relativamente corto. Este importante número de sanciones derivadas del primer estado de alarma contrasta con las 1.280 multas que se incoaron durante todo el año 2019 (770.984 euros de recaudación), las 983 (565.269 euros) del año 2018, las 845 (487.402 euros) de 2017, las 682 (337.969 euros) de 2016 y las 398 en 2015 (258.503 euros) entre julio y diciembre, según la estadística elaborada por el Ministerio del Interior. Por lo demás, las sanciones por incumplir el confinamiento del estado de alarma conllevaban multas que podían oscilar entre los 601 y los 30.000 euros en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, pero dicha normativa era mucho más amplia. 

Los conceptos por los que los agentes de la Policía y la Guardia Civil, además de las Policías Locales, denunciaron desde la promulgación de la controvertida ley pasan por el consumo o tenencia de drogas en lugares públicos; exhibir o usar armas prohibidas; faltar al respeto a un miembro de las Fuerzas de Seguridad; desobediencia o resistencia a los agentes; y por causar desórdenes públicos, entre las más destacadas. De esos conceptos, destaca sobremanera el consumo o tenencia de drogas en lugares públicos. 

Fallo del Constitucional. Con todo, conviene no olvidar que a mediados del pasado mes de julio el Tribunal Constitucional anuló la medida más dura del primer estado de alarma, el confinamiento en los domicilios para toda la población con el propósito de contener la propagación del Covid. La decisión judicial supone todo un lío para todas las comunidades autónomas a la hora de revertir las miles de multas tramitadas a la ciudadanía por saltarse el confinamiento o realizar traslados prohibidos en aquel momento. De hecho, muchas de estas sanciones ya han sido pagadas.

La resolución tuvo y tendrá un gran calado, porque marca los límites para futuros estados de alarma y deja en el aire las multas que se tramitaron durante aquel primer estado de alarma que se anunció el 14 de marzo y se prolongó hasta el 21 de junio de 2020.

Según los datos proporcionados a este periódico en su momento, de las más de 3.000 propuestas de sanción, más de 2.000 ya se habían transformado en expedientes un mes después de finalizar dicho estado de alarma y además se habían comunicado a los infractores.

De forma más pormenorizada el Gobierno central había  tramitado a fecha de abril de este año el 70% de las 228.994 propuestas de sanción por desobediencia que impusieron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en aplicación de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. En Castilla y León, las cifras eran muy similares con una tramitación del 70,03 por ciento. Por lo demás, a fecha de 15 de junio, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León indicaron a Diario Palentino que del total de expedientes abiertos, al menos seis habían acabado en el juzgado de lo contencioso-administrativo de Palencia.

La provincia registró tres bajas de vehículos por cada dos adquisiciones

El Anuario del Ministerio del Interior correspondiente al ejercicio de 2020 que acaba de salir a la luz pública también refleja otros parámetros, como el hecho de que durante el pasado año, el primer año de la pandemia, un total de 71 personas (34 hombres y 37 mujeres) solicitaron en Palencia una orden de protección internacional. 

El Gobierno concede esta petición a los refugiados, es decir, a las personas que tengan un temor fundado a ser perseguidas en su país por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual. 

En otro orden de cosas, el parque de vehículos registrado en la provincia a fecha de 31 de diciembre de 2020 era de 129.044 entre camiones (17.862), autobuses (260), turismos (94.290), motocicletas (9.239) tractores (1.475), remolques (2.941) y otros (2.977). Asimismo, durante el pasado año se dieron de alta 2.135 vehículos entre camiones (257), autobuses (4), turismos (1.541), motocicletas (152), tractores (48) y otros (215), mientras que se dieron de baja 3.038 vehículos (419 camiones, 12 autobuses, 2.461 turismos, 31 motocicletas, 33 tractores, 39 remolques y nueve en el apartado de otros). Asimismo, se expidieron 1.709 permisos de conducir en la provincia, que registra 69.970 conductores varones y 49.192 mujeres.

DENUNCIAS DE TRÁFICO. En materia de tráfico, la Guardia Civil de Tráfico interpuso el pasado año 11.563 denuncias en la carretera, mientras que 105 personas (100 varones y cinco mujeres) fueron detenidos o investigados por delitos relativos a la seguridad del tráfico, 31 de ellos por consumo de alcohol o drogas.

Por último, la Guardia Civil, dentro de la operación Pindaan, detuvo e investigó a 25 personas de 12 provincias, entre ellas Palencia, por la problemática medioambiental que supone el uso indiscriminado de materiales plásticos y la gestión de sus residuos.

Su exportación a países asiáticos sin cumplir los procedimientos de control establecidos por la Unión Europea para asegurar su correcta gestión hace que no se pueda tener la certeza de que los mismos se vayan a someter a los tratamientos necesarios para su posterior reciclaje y reutilización.