La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte trabaja en una modificación de la regulación de los establecimientos de turismo rural asentados en la Comunidad, que ampliará notablemente las posibilidades de poner en marcha hoteles rurales, posadas y casas rurales en la autonomía. Así, si prospera la modificación del Decreto 75/2013, de 28 de noviembre, estos establecimientos podrán comenzar a operar en municipios de hasta 10.000 habitantes, mientras que hasta ahora el límite existente era de 3.000 habitantes.

Así se recoge en el proyecto de decreto en el que trabaja el departamento liderado por Gonzalo Santonja, al que ha tenido acceso Ical, que entre otras modificaciones contempla también elevar la capacidad máxima de alojamiento en las casas rurales desde las 16 plazas vigentes en la actualidad hasta 20, incluidas en todo caso las camas supletorias.

«El turismo que se desarrolla en el medio rural ha experimentado un crecimiento en los últimos años, apreciándose una mayor oferta de actividades, que se pueden desarrollar aprovechando la riqueza cultural y patrimonial de la Comunidad, así como un medio para lograr el establecimiento de población en dicho ámbito, y luchar contra la despoblación al ampliarse la posibilidad de fomentar el empleo», recogen antes de «constatar» que «existe una importante demanda de alojamientos de turismo rural».

De acuerdo con el proyecto de modificación de decreto, «la mayor parte de los municipios de Castilla y León cuenta con una población de hasta 10.000 habitantes» y son enclaves con «un carácter eminentemente rural por el tipo de actividades que desarrollan, y su arquitectura es respetuosa con la tradicional de la zona».
Lo que no variará es el límite de población censada que fija la actual normativa, en el caso de que los establecimientos de alojamiento de turismo rural se encuentren en suelo rústico. En esos casos, podrán instalarse en enclaves que cuenten con hasta 20.000 habitantes, como sucedía hasta ahora.

Entre las novedades, se recoge también por primera vez que para permitir la apertura de estos establecimientos, «no se pueden dispensar los requisitos de ubicación, ni los servicios de suministro eléctrico, de agua y de otras energías». Además, se incorpora un nuevo artículo, el 53, que establece el régimen sancionador en caso de incumplimiento del decreto, ligado al régimen de infracciones y sanciones establecido en la Ley de Turismo de Castilla y León.

Consejo autonómico.

El proyecto de decreto subraya además que en los últimos años han aparecido nuevos tipo de alojamientos turísticos como las viviendas de uso turístico o los apartamentos, que «suponen un porcentaje importante de los establecimientos que en la actualidad existen en la Comunidad», por lo cual consideran «conveniente» incorporar a los representantes de estos sectores al Consejo Autonómico de Turismo de Castilla y León. Del mismo modo, se contará en este órgano con una «representación específica» para establecimientos de restauración y para establecimientos hoteleros, que hasta ahora se encuadraban en el término genérico de 'hostelería'. El objetivo, apuntan, es que «todos los puntos de vista sean escuchados».

Por último, se ajustará también el decreto 9/2014 por el que se regulan el Registro de Turismo de Castilla y León y el Censo de la Promoción de la Actividad Turística. En ese sentido, se creará una sección específica para los guías de turismo establecidos en la autonomía, como ya sucede en otras regiones españolas y estados miembros de la UE. Esta decisión no afectará a la libre prestación de servicios del resto de guías que podrán seguir realizando su actividad en los términos recogidos en la ley, sin estar obligados a su inscripción en el registro de turismo de Castilla y León.