Antes de 2026, todos los menores de seis años tutelados deberán residir con una familia. Así lo acordaron recientemente el Gobierno y las comunidades autónomas dentro del plan de acción contra la explotación sexual de menores tutelados por la Administración, que aprobaron los ministerios de Igualdad y de Derechos Sociales. Para ello, se potenciará el acogimiento familiar, haciendo uso incluso de proyectos financiados con fondos europeos. Y esta medida es la que tendrán que aplicar desde la Consejería de Familia, ya que todavía uno de cada diez niños menores de esa edad tutelados por la Junta de Castilla y León se encuentra en acogimiento residencial.

Según los datos facilitados por la Consejería, a finales del pasado mes de julio, la Comunidad tenía la tutela de 136 niños y niñas mayores de tres años y menores de seis, de los que solo 15 estaban en acogimiento residencial. Hay que recordar que la ley recoge que «de forma imperativa no se acordará el acogimiento residencial para menores de tres años salvo en supuestos de imposibilidad, debidamente acreditada, de adoptar en ese momento la medida de acogimiento familiar o cuando no convenga al interés superior del menor».

Desde la Junta indicaron que esta limitación para acordar el acogimiento residencial se aplicará a los menores de seis años «en el plazo más breve posible», un objetivo que ahora se deberán plantear como fecha límite 2026. A nivel nacional, un estudio elaborado recientemente por la Asociación Nuevo Futuro sobre los centros de acogimiento residencial para menores en el ámbito de la protección de España desvelaba que más de mil niños y niñas de hasta seis años viven todavía en centros residenciales, «algo que se debería resolver en favor del acogimiento familiar».

Casi el 60% con familias. Con carácter general, a 31 de diciembre del pasado año, los niños separados de sus familias que se encontraban en acogimiento residencial en la Comunidad eran el 40,65 por ciento, mientras que el 59,35 por ciento estaba en un entorno familiar, según la información facilitada por la Consejería de Familia.

Las mismas fuentes especificaron que la Comunidad contaba con 795 plazas en la red de centros específicos de protección a la infancia, con 71 distribuidos entres las nueve provincias, de los que nueve son propios y el resto concertados. Los de titularidad pública se encuentran en las provincias de Ávila, Burgos, León (2), Salamanca (2) y Valladolid (3) con 216 plazas. La provincias con un mayor número de centros es León (18), seguida de Salamanca y Valladolid, en ambos casos con once.

Primer estudio

Los centros de acogida son espacios específicos de protección los destinados de manera exclusiva a menores en situación de riesgo o desamparo para los que se hayan acordado medidas o actuaciones de protección, o en tanto las mismas se adopten, y en los que se disponga su alojamiento a tiempo parcial o completo. El estudio elaborado por la Asociación Nuevo Futuro es el primero que recoge la realidad de los centros en todas las comunidades, «porque hay una diferencia abismal», como señala Miriam Poole, directora de la asociación, y que expone la existencia de pocos centros públicos, ya que con el paso de los años las autonomías han apostado por la gestión concertada.

«A excepción de la financiación, la situación de los centros de Castilla y León es bastante buena», asegura Poole, ya que es una de las más bajas solo por delante de Extremadura. A este respecto, desde la Consejería de Familia señalan que actualmente el precio de plaza/día se sitúa en 104 euros de media, destinando a estos fines unos 30 millones de euros al año.