El Ministerio Fiscal ha solicitado una pena de tres años y medio de prisión para el dueño de una explotación agropecuaria de Villalcázar de Sirga, A.C.G., como presunto responsable de un delito de homicidio por imprudencia y de otro delito de lesiones por imprudencia después de que un operario que trabajaba en la explotación muriera en abril de 2010 intoxicado por monóxido de carbono y de que otro trabajador resultara grave ocho días después como consecuencia de una intoxicación posterior, al no controlar y reparar, pese a conocer el peligro, las instalaciones de gas butano del alojamiento de los operarios.

Según describe el fiscal en el escrito de acusación, en el que ha solicitado además la apertura de juicio oral en el Juzgado de lo Penal, el acusado era «consciente y conocedor» de la situación en la que se encontraba la vivienda y sus instalaciones y alojaba en la misma a los trabajadores que contrataba para la explotación agrícola,  pese a conocer el peligro que los aparatos de gas butano conllevan si no están dotados de la adecuada instalación y de las necesarias medidas de seguridad.

Así las cosas, el acusado alojó a un joven trabajador, de 23 años y nacionalidad marroquí, A.N., quien utilizó para dormir una de las habitaciones de la planta superior de la vivienda y en la que apareció muerto el 8 de abril de 2010. Falleció como consecuencia de la inhalación de monóxido de carbono en altas dosis procedente del calentador.

Pese a este suceso, el acusado mantuvo, según el fiscal, dicha vivienda como lugar de alojamiento de los trabajadores y, así, en el mismo estado en el que se encontraba, alojó a otro trabajador, también de nacionalidad marroquí e identificado como L.S., quien sobre las 13,00 horas del 16 de abril (ocho días después del fallecimiento) fue encontrado en la habitación de la planta baja de la vivienda tumbado en la cama e inconsciente, como consecuencia del monóxido de carbono inhalado y producido por la mala combustión del calentador.

AL HOSPITAL. L.S. fue trasladado hasta el Hospital Río Carrión donde ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos y donde permaneció durante seis días.

El fiscal describe en su escrito de calificación provisional las condiciones que presentaba en el momento de los hechos la explotación agropecuaria. Así las cosas, formaba parte de dicha explotación junto con otros inmuebles una vivienda de dos plantas, anexa a una nave agrícola. En esta vivienda el acusado A.C.G. alojaba a los trabajadores que empleaba en dicha explotación.

En la planta baja estaba ubicada la cocina, además de otras dependencias y una habitación que utilizaba como dormitorio, mientras que la segunda planta tenía dos habitaciones destinadas también a los dormitorios de los trabajadores.

ESTADO DEFICIENTE. El estado de conservación de la vivienda y, sobre todo, de las instalaciones era muy deficiente, según el Ministerio Público. De hecho, el fiscal resalta que la cocina disponía para el agua caliente de un calentador de gas sin marca que «carecía de conducto de evacuación para los gases de la combustión, existiendo un agujero en la pared de la fachada al que no estaba conectado tubo de escape alguno, de tal manera que los gases de combustión no eran expulsados al exterior».

El fiscal subraya que además la cocina no disponía de los preceptivos agujeros de ventilación en la pared con las correspondientes rejillas, ni tampoco disponía de la llave de corte en la tubería y las gomas del gas que conectaban el calentador con la bombona estaban caducadas desde noviembre de 2005.

Como consecuencia de todo ello, el calentador quemaba mal, lo que provocaba la aparición de una llama amarilla además de emitir dosis de monóxido de carbono «altamente tóxicas, que se quedaban en la vivienda».

Tras producirse los dos hechos, un técnico del servicio de gas de Carrión de los Condes se encargó de subsanar las deficiencias localizadas.

El fiscal, por todo ello, ha solicitado para el acusado tres años de cárcel por el delito de homicidio por imprudencia y otros seis meses por el delito de lesiones por imprudencia grave, así como una indemnización de 84.359 euros en favor del hermano del trabajador fallecido.