El PSOE denunció ayer la «preocupante reducción de servicios públicos que está padeciendo la provincia de Palencia y que está convirtiendo en ciudadanos de segunda clase a los habitantes del medio rural».
En una rueda de prensa ofrecida por la secretaria general de los socialistas palentinos, Miriam Andrés; la procuradora en las Cortes de Castilla y León, Consolación Pablos; y el portavoz en la Diputación, Miguel Ángel Blanco, se hizo especial hincapié en las «carencias sanitarias» que padecen nuestros pueblos con una reducción de quince plazas médicas en los próximos días, la restructuración de las guardias farmacéuticas, la UVI de Guardo, la segunda ambulancia nocturna para la capital, la ausencia de un convenio con el Hospital de Reinosa para la zona norte, la necesidad de un acelerador lineal para tratamientos de radioterapia o la existencia de un único médico a media jornada en un municipio en continuo crecimiento como Grijota.
Miriam Andrés lamentó, en este sentido, que el delegado territorial de la Junta, Luis Domingo González, «no atienda las necesidades de los palentinos pero sí las de su partido, haciendo caso omiso a las propuestas que estamos haciendo para evitar la merma de servicios esenciales en el medio rural».
Por su parte, la procuradora socialista, Consolación Pablos, aseguró que en unos días enviarán a la Junta de Castilla y León una serie de propuestas para mejorar la situación de la sanidad de la capital y la provincia, sobre todo en el sector farmacéutico, «abocado a la reducción de guardias aunque en pueblos como Venta de Baños el problema ya se haya solucionado gracias a la implicación del Ayuntamiento y de los propios farmacéuticos».
Desde el PSOE se aprovechó también para responder al Partido Popular sobre sus temores respecto al futuro de España. Andrés aseguró que en lugar de crear una alarma futurista ante un cambio de Gobierno deben dar explicaciones los representantes de la ciudadanía palentina sobre sus actuaciones a nivel nacional.
En especial de Ignacio Cosidó, director general de la Policía, por su implicación en las presiones ejercidas hacia los efectivos policiales en la investigación de corruptelas relacionadas con cargos del PP y el parlamentario Íñigo Méndez de Vigo, por su vinculación con empresas incompatibles con su cargo de ministro de Deportes.