El PP y el Gobierno se han dado un plazo de dos meses para intentar pactar con las demás fuerzas políticas con representación parlamentaria una serie de «medidas de reforma de la calidad democrática de las instituciones», tal y como las definió ayer la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Entre esas propuestas, los populares quieren poner encima de la mesa la limitación del aforamiento, la reducción del gasto en campañas electorales, la regulación del indulto y la elección directa de alcaldes, es decir, que gobierne la lista más votada en cada Ayuntamiento. Sobre esta última, que es la que más polémica ha levantado, la formación de Génova desea llevar una «proposición lo más abierta posible para que nadie pueda responder con un no tajante», según remarcó Cospedal.

Así, la número dos del PP apuntó la posibilidad de negociar que la elección del alcalde pueda ser incluso mediante un sistema de segunda vuelta entre las dos opciones más votadas. Eso sí, advirtió de que el plazo para intentar llegar a un acuerdo será de un par de meses porque, a su juicio,  «las conversaciones tienen que tener un tiempo concreto», ya que de lo contrario «se eternizan y no son útiles para los ciudadanos». Eso sí, Cospedal evitó contestar si su partido estaría dispuesto a aprobar en solitario una reforma electoral de estas características.

Y eso es clave en este proceso ya que, por los mensajes que llegan desde Ferraz, el pacto con el PSOE se antoja poco menos que imposible. De hecho, ayer mismo el líder socialista, Pedro Sánchez, aseguró que no ve margen para pactar con los populares porque, en su opinión, el Gobierno pretende «imponer un cambio en la ley electoral a meses de los comicios» sin el apoyo de la principal fuerza de la oposición, lo que a su parecer es romper «las reglas del juego» y sentar «un peligroso precedente». Según el madrileño, el PP no va a gobernar siempre, de tal manera que si lleva a término de forma unilateral la reforma de la Ley Electoral estará legitimando a los que vengan después a hacer lo mismo. Además, el secretario general del PSOE aseguró que la idea que él tiene de los que es la regeneración política está «en las antípodas» de la de Génova.

CONTRADICCIONES. En cuanto al resto de medidas que el PP quiere negociar la que cuenta a priori con más apoyos es la de reducir el número de aforados. Si bien aquí la presidenta de Castilla-La Mancha matizó mucho los mensajes que se han lanzado desde el Gobierno. Según Cospedal, ni es necesario reducir a 22 los aforados en España, como apuntó el ministro de Justicia, ni es imprescindible reformar la Constitución y los Estatutos de Autonomía, como afirmó el pasado viernes la vicepresidenta del Ejecutivo.

Desde Génova lo ven de otra manera. Más que reducir el número de aforados lo que de verdad se necesita es «acotar» el aforamiento de políticos y jueces exclusivamente «al ejercicio de sus funciones». Es decir, según explicó  la secretaria general, hay que proteger la libertad de expresión de los diputados y senadores, porque es básica para la democracia, pero no tiene porqué mantenerse esta protección jurídica para cualquier otra actividad que no tenga que ver con su función parlamentaria. Explicado de otra manera, un diputado estaría aforado ante una denuncia por calumnias, pero no ante una denuncia por, por ejemplo, por defraudar a Hacienda. Y con los jueces, ocurriría exactamente lo mismo.

Otra de las medidas de regeneración política que el Partido Popular va a incluir en las negociaciones es la de restringir los indultos, un asunto que también ha hecho correr ríos de tinta. Según Cospedal, se trata de eliminar al máximo la «discrecionalidad» del Gobierno. Fuentes populares aseguran que para llevar a cabo esta propuesta se podrían tasar por ley los requisitos mínimos para acceder al perdón de las penas de tal manera que las decisiones del Ejecutivo al respecto estarían sujetas  a unos criterios objetivos.

CATALUÑA. Por otro lado, la número dos del PP también se refirió al desafío soberanista de la Generalitat para «reafirmar»  la postura de su partido y del Gobierno frente a una «hipotética consulta» que no es otra que la «defensa contundente» de la legalidad frente a un referéndum «ilegal».

En este sentido, aseguró que «nadie puede ir contra la ley» y que espera que Artur Más, «sea coherente». Asimismo, aseguró que el Ejecutivo de Mariano Rajoy «tomará las medidas necesarias para que la ley siempre se cumpla» ya que esa su «primera obligación».