Agricultores de algunos municipios de la zona de Tierra de Campos palentina, donde se ha dado luz verde a la utilización de veneno para controlar la población de topillos se han plantado y se niegan a usar esos productos.

No tienen nada claro que las pautas dictadas desde la Junta -impulsora de la medida- les garantice que no serán sancionados y que ello lleve aparejada la pérdida de ayudas derivadas de la Política Agraria Común (PAC) y de las Ayudas Agroambientales.

A los agricultores se les ha invitado a utilizar rodenticida con el argumento de que el tratamiento bajo control oficial con este tipo de veneno está recogido en el Real Decreto 409/2008, de 28 de marzo, por el que se establece el programa nacional de control de las plagas del topillo de campo.

Los agricultores son conocedores del decreto y de que la ejecución de estas medidas, de acuerdo con el mismo, corresponde a los titulares de terrenos agrícolas afectados por las poblaciones anómalas de topillo campesino. Ahí radica el problema. No las tienen todas consigo. Temen sanciones del Seprona, por lo que en muchos casos se han negado a utilizar el veneno en sus parcelas.

Fuentes consultadas han confirmado que desde la Consejería de Agricultura y Ganadería se está realizando una labor «muy intensa» para informar a los titulares de terrenos sobre lo que la normativa estatal y europea establece respecto a la forma de aplicación, manipulación, transporte y almacenamiento del producto, así como las responsabilidades en las que pueden incurrir en el caso de mala utilización del mencionado producto.

Titulares de terrenos, ante cualquier resquicio que deje abierta la posibilidad de ser sancionados, han comunicado ya en varias ocasiones a los responsables de la Administración Regional que no aplicarán el veneno mientras no se garantice que con posterioridad que no llegarán multas.