Las Cortes aprobaron ayer una modificación legal para crear un impuesto que grava el riesgo medioambiental del almacenamiento de residuos nucleares en la central de Garoña. El proyecto de ley, apoyado únicamente por el PP, salió adelante gracias a la abstención de los procuradores de Podemos, IU-Equo y UPL. La Junta confía en recaudar entre diez y quince millones de euros anuales, que se invertirán en la zona de influencia de la planta burgalesa.

PSOE y Ciudadanos rechazaron el gravamen y advirtieron que incurre en una doble imposición al considerar que ya existe un tributo estatal similar, por lo que dieron por hecho que el Gobierno o la empresa propietaria presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional.

La ley, defendida por la consejera de Economía y Hacienda, detalló las razones que motivaron la creación de este nuevo impuesto extrafiscal y afirmó que Castilla y León se une a Cataluña y Castilla-La Mancha, que ya lo tienen, a la vez que defendió su ajuste a las competencias autonómicas y a la normativa nacional.

Del Olmo reclamó al Gobierno central el mismo trato para la Comunidad que tuvo con Cataluña, cuyo impuesto no fue recurrido.

En este sentido, desveló un informe de la Secretaría de Estado de Hacienda, recibido la semana pasada y remitido a las Cortes, sobre la posible inconstitucionalidad de este impuesto pero estimó que «no es concluyente». «Vamos a responder con argumentos que rebaten las observaciones», precisó y exigió al Gobierno que tenga el mismo trato con la Comunidad que con Cataluña.

La consejera aprovechó para reclamar al Gobierno que, después de cerrar la central nuclear, debe poner en marcha un plan de reestructuración de la zona de influencia, que urgieron también los procuradores populares Alejandro Vázquez e Irene Cortés.

Félix Díez (Podemos) defendió su posición de «arrimar el hombro» para crear este impuesto, aunque subrayó que no es de ellos. Cortés (PP) agradeció a los morados que estén junto a intereses de la comarca frente a la postura del PSOE.

La procuradora socialista Virginia Jiménez argumentó, en la defensa de sus rechazadas siete enmiendas, que es un impuesto sobre el almacenamiento de residuos, por lo que estimó que colisiona con el estatal y puede ser recurrido.

«Saben que no van a recaudar un euro, es un brindis al sol», indicó, para recordar que no cuenta con informes favorables ni de la asesoría jurídica de la Junta ni del Consejo Consultivo.

José Sarrión (IU) también receló de que sea un impuesto medioambiental, expresó el apoyo al cierre de Garoña como «antinuclear» y consideró que el gravamen tenía que ser más elevado por la afección causada por la planta atómica en sus años de vida en la comarca burgalesa de Tobalina.