La protesta ciudadana surge a raíz del anuncio que hacía el Ayuntamiento de Guardo sobre su intención de cerrar de manera temporal instalaciones como paso previo a la convocatoria de un concurso público para su explotación. El Consistorio se acoge a sendos informes de Secretaría e Intervención, que advierten de que no se puede seguir gestionando el complejo de forma directa al no tratarse ya de un servicio público de obligado cumplimiento.