La Junta y la oposición socialista constituyeron ayer, en un buen clima, el grupo de trabajo para analizar la compatibilidad entre la reforma local estatal y el modelo territorial autonómico con el objetivo de no demorar la solución y poder desarrollar la ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio, aprobada en septiembre por consenso de PP y PSOE.
En la reunión, estuvieron el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez; la viceconsejera de Administración y Gobierno del Territorio, María José Salgueiro; el director de Ordenación del Territorio, Luis Miguel González Gago; el portavoz del Grupo del PP en las Cortes, Carlos Fernández Carriedo, y el portavoz sectorial, Juan José Sanz Vitorio. Por parte del PSOE, el secretario autonómico de Organización, Julián Simón de la Torre; el secretario general del grupo en las Cortes, José Francisco Martín, y el ponente Francisco Ramos, ya que no pudieron asistir los otros dos ponentes, Ana Redondo, viceportavoz, y Fernando Pablos.
El consejero de la Presidencia presentó el estudio jurídico, elaborado por su departamento, en el que se certifica la compatibilidad entre la ley estatal y la autonómica, según fuentes consultadas. El informe, cuyas líneas adelantó de Santiago-Juárez antes de la reunión del presidente de la Junta y del secretario autonómico del PSOE en la que se acordó la creación del grupo de trabajo, refleja que ambas normativas son «completamente compatibles».
Servicios. Los representantes socialistas defendieron en la reunión el mantenimiento de los servicios públicos y expresaron dudas sobre la compatibilidad entre el papel que el Gobierno otorga a las diputaciones, con más competencias, y las mancomunidades de interés general, en las que la Junta asienta su modelo de prestación de servicios.
Ambas partes reafirmaron la voluntad de mantener el pacto para el desarrollo de la ley de Ordenación Servicios y Gobierno en el Territorio, dado que este texto fija un plazo para la presentación de los mapas de las unidades básicas de ordenación y áreas funcionales que requiere de una mayoría cualificada (dos tercios) para su aprobación en el Parlamento autonómico.
Todo está abierto y no hay un plazo para la conclusión del trabajo, explicaron fuentes socialistas, convencidas de que hay que ir paso a paso, mientras que en las filas populares sí se habló de resolver «cuanto antes» el asunto de la compatibilidad para avanzar en el desarrollo de la ley autonómica porque no quieren que «se demore». Por otro lado, desde el PP ratificaron el modelo de trabajo discreto y la comunicación de los acuerdos cuando los haya, como señalan que se hizo cuando el partido y el PSOE pactaron la ley, en vez de ir al día a día de cada reunión, si bien añadieron que el grupo no tiene por qué demorar la conclusión, que para la Junta está clara, en el sentido de que no existe incompatibilidad.