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18 de agosto de 2018

La inversión en obra pública cae a niveles de los 90 y amenaza con destruir el sector de la construcción

J.A. (ICAL) / Valladolid - lunes, 4 de marzo de 2013
Las administraciones públicas ajustan un 75% las partidas dedicadas a proyectos de inversión al licitar 557,7 millones y adjudicar 423, pese presupuestar 1.029 millones de euros

 

Las políticas de austeridad podrían dar la ‘puntilla’ al sector de la construcción, que denuncia estar con la ‘soga al cuello’, no por la segunda recesión económica, sino por el férreo control sobre el déficit público. Las administraciones han sacrificado la inversión en obra pública para mantener los servicios considerados esenciales, lo que se traduce en una rebaja del 74,9% en el volumen de licitación, que cerró el año 2012 en un mínimo histórico de 557,7 millones, no registrado desde 1989.
Meter en vereda el déficit, equilibrando ingresos y gastos, ha sido la máxima del Gobierno central, la Junta y los ayuntamientos en los últimos años. El presidente de la Cámara de Contratistas de la Comunidad, Enrique Pascual, advirtió  de que cerrar el ‘grifo’ de forma tan brusca y durante varios años consecutivos podría «destruir» el sector de la construcción de Castilla y León. Aseguró que ocho de cada diez empresas que echan el cierre pertenecen a esta rama y añadió que muchas eran compañías con más de 30 años de antigüedad.
Por ello, los contratistas de Castilla y León reclaman a las administraciones un cambio de rumbo en sus políticas, para que mantengan un volumen más o menos estable de inversión. De esta forma, el sector, según Pascual, se adaptará al mercado y buscará nuevas oportunidades en el exterior. De lo contrario, indicó que muchas empresas tendrán que cerrar y otras se marcharán de la Comunidad y se implantarán en otras zonas con mayor dinamismo.
En ese sentido, el representante en la Comunidad de los contratistas pidió a la Junta y el Gobierno que corrijan el desfase entre las inversiones que presupuestan y las que licitan y adjudican. Pascual sostuvo que normalmente salen a concurso sólo la mitad de las actuaciones proyectadas, lo que genera sobrecostes para las empresas, que mantienen su estructura y plantilla a la espera de nueva carga de trabajo, que finalmente no llega. El pasado año, el Gobierno autonómico contrató el 44,3% de lo previsto y el central, el 49,6.
Asimismo, Pascual exigió que las inversiones recuperen en los próximos ejercicios peso en los presupuestos y apeló a la «sensibilidad» de los dirigentes de la Junta y recordaron que recortar en la conservación por ejemplo de las carreteras deteriorará en unos años las infraestructuras construidas y generará más costes en el futuro. También, le pidió proporcionalidad en las inversiones ya que han pasado de 392,46 millones en 2011, a 76,2 en 2012, es decir, se han reducido un 80,5 por ciento.
Además, recordó al Gobierno y la Junta, que impulsan programas como el Plan Nacional de Calidad de las Aguas, que las ayudas europeas, que subvenciona el 80% de las inversiones hidráulicas, exigen que las actuaciones pendientes estén licitadas antes del 31 de diciembre. Por ello, les pidió que aprovechen los fondos comunitarios para reducir el déficit que tiene España de estas infraestructuras y generen actividad económica. Además, explicó que si en 2015 no se han completado los tratamientos del ciclo del agua, los organismos comunitarios comenzarán a multar a las administraciones por incumplir la Directiva marco del agua.
El presidente de la Cámara de Contratistas auguró «cifras demoledoras» de licitación (por fecha de apertura) de obra pública este año, después de que 2012 fuera el ejercicio con menor volumen de inversiones contratadas de los últimos 23 años, al no alcanzar los 600 millones. De ellos, ocho de cada diez euros (485) se destinaron a obra civil, principalmente, a infraestructuras del transporte (311) e hidráulicas (123). En 2011, se destinaron a estos proyectos 1.814 millones y en 2009, 3.620 millones.
El resto de la inversión del pasado año fue para la edificación (71,9 millones). Este subsector llegó a contar con casi 1.000 millones en 2006, cuando el ‘boom’ inmobiliario impulsó la promoción de vivienda pública y la construcción de instalaciones sanitarias, educativas y culturales. Sin embargo, el pasado año sufrió un ajuste del 88,6%, quedándose en niveles de la década de los año 90.
 
Provincias. Por provincias, más de la mitad de la inversión en obra pública en 2012 la absorbieron proyectos de Zamora y Burgos, alcanzándose los 159 y 133 millones, respectivamente. Por encima de los 100 millones se situó León, que recibió 106. Le siguieron Valladolid, con 37 millones; Ávila, con 35; Palencia, con 36; Salamanca, con 22; Soria, con 14, y Segovia, con 10 millones. Además, se licitaron más de dos millones en proyectos que afectan a varias provincias.
Burgos fue la única provincia donde creció la obra pública el pasado año, rompiendo la tendencia autonómica y nacional, al pasar de 127 a 133 millones, lo que supone un aumento del 4%. Por el contrario, Soria, Segovia y Valladolid fueron las provincias donde más se redujo la inversión en obra pública, con caídas de la licitación del 87, el 86 y el 84%, respectivamente.
 
Administraciones
 
Enrique Pascual reconoce que el sector vivió un espejismo entre 2005 y 2009, ya que había unos volúmenes de inversión que las empresas tenían dificultades, incluso, para atender. Sin embargo, cuestionó que la Junta, que venía dedicando a inversiones un 10% de su presupuesto, haya licitado 76,2 millones, frente a los 171,8 consignados. Puntualizó que el Gobierno autonómico no había sacado a concursos una cifra tan baja desde 1989, pese a que entonces el marco competencial de la Comunidad comenzaba a desarrollarse.
De la misma forma, la Administración central contrató proyectos por importe de 381,2 millones, un 76,08% menos que un año antes, cuando el montante superó los 1.594 millones. Esta cifra no había sido tan baja desde 1998, año en el que el Gobierno de España contrató obras en Castilla y León por importe de 380,3 millones. Solo en 2009, invirtió 2.622 millones en la Comunidad y en 2010 más de 540, pese a ser el ejercicio en el que se paralizaron y reprogramaron algunas obras. Por su parte, las administraciones locales de Castilla y León invirtieron en el año que acaba de terminar 100,3 millones, una cifra no vista desde 1991 en la autonomía. Estas entidades recortaron un 58,6% los fondos destinados a la obra pública. Aunque superaron en volumen a la Junta, no se han acercado a los 854 millones de hace tres años.

 

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