Nueva provocación de los partidos políticos catalanes, excepto el PP y C’s, y de la sociedad civil ante un nuevo dictamen del Tribunal Constitucional (TC). Miles de personas salieron ayer a la calle en Barcelona -8.000 según la Guardia Urbana y 60.000 según los organizadores-, entre gritos de independencia y a favor de los derechos sociales, en protesta por la suspensión por parte del TC de las leyes sociales catalanas a raíz de los recursos presentados por el Gobierno.
El alto tribunal admitió a trámite los recursos presentados por el Gobierno central a las normas de emergencia habitacional y energética y de igualdad aprobadas por el Parlament, de forma que han quedado suspendidas mientras se resuelve el fondo de la cuestión.
En primera línea de la manifestación, que transcurrió sin incidentes, se ubicaron los representantes de unas 60 entidades vecinales y sindicales de Cataluña, que portaban una pancarta con el lema Los derechos no se suspenden: trabajo digno, derechos sociales y democracia real. Mientras, en segunda fila, se situaron representantes de todo el arco político catalán, excepto el PP y Ciudadanos, sosteniendo una gran bandera catalana.
Entre otros, participaron en la protesta la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; el vicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras; la portavoz del Gobierno, Neus Munté y el conseller Josep Rull. También acudió el líder del PSC, Miquel Iceta, acompañado de la diputada Eva Granados.
Unas 60 entidades de la sociedad civil catalana convocaron la protesta, entre ellas, la Confederación de las Asociaciones de Vecinos de Cataluña, cuyo presidente, Jordi Giró, pidió que el Gobierno deje de recurrir leyes catalanas que son básicas para la sociedad.
Por su parte, el presidente de la Taula de entidades del Tercer Sector Social, Oriol Illa, recordó que las normas paralizadas, la de emergencia habitacional y pobreza energética y la de igualdad, no suponen una invasión de competencias, sino que frenarlas suponen ir en contra de los derechos sociales.
Illa recordó que el Constitucional no solo ha suspendido esta jurisprudencia en Cataluña sino también en Murcia y Canarias.
Estas normas obligaban a los tenedores de las viviendas a ofrecer un alquiler social a las personas desahuciadas por el 30 por ciento del total de sus ingresos, una obligación que queda ahora en suspenso, igual que toda la ley, lo que supone que «el Constitucional defiende a los grandes tenedores, es una sentencia a su favor».
Mientras, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, planteó que la manifestación «para nosotros es una reivindicación mucho más amplia. Lo que queremos es que haya Gobiernos en España y Cataluña, leyes y tribunales para promover los derechos sociales».