El PSOE, UGT y los vecinos de Villalba de Guardo dieron a conocer ayer en rueda de prensa la «problemática» que, a su juicio, existe en el municipio. «Una situación en la que se han ido acumulando irregularidades y todo tipo de desmanes por parte del alcalde hacia el pueblo, de manera que se perjudican gravemente sus intereses al hacer una gestión totalmente individual al margen de legislaciones y comportamientos éticos», afirmó Jesús Guerrero, secretario provincial de Organización del PSOE. Una «gestión apoyada por el PP, la Diputación de Palencia y la Junta de CyL», incidió Guerrero.
Por un lado, los colectivos contrarios al actual alcalde, resaltaron que hace ocho años aproximadamente la empresa Deporcyl compró Castileón. Para salvar los 80 empleos que de ella dependían se realizaron dos tipos de acuerdos, afirmaron los socialistas. Uno social, con los sindicatos, donde se exponían una serie de condiciones económicas y laborales que fueron aceptadas. El otro político, que reflejaba el compromiso de los alcaldes en colaborar con la empresa vendiéndole una serie de terrenos, recordó Carlos Mesa, secretario comarcal de UGT.
Mesa indicó que «todos los alcaldes, menos Andrés Salazar, cumplieron» lo expuesto y actualmente «la empresa ha confirmado su preocupación, por un incumplimiento del acuerdo que afecta a los trabajadores. Son 20 empleos de la zona de Guardo que no se ponen en marcha por la negativa de este señor a participar», expuso Mesa.
Por otro lado, advirtieron de que Iberdrola «indemnizó al municipio con 200.000 euros para realizar mejoras en el sistema de regadío», los cuales, según los socialistas, se han destinado a otros fines y «no existe justificación alguna que especifique en qué se ha invertido el montante» puntualizó Pedro González, ex concejal del municipio.
«Abrir una de las plicas de las dos empresas que se presentaban a consurso para hacerse cargo de la iluminación pública por equivocación fue toda una irregularidad por parte de Salazar», comentó Benigno Fraile, otro antiguo edil.
Colectivos y vecinos piden «la intervención e investigación a nivel judicial del alcalde, además de la supervisión económica desde el Consejo de Cuentas». Igualmente exigen al PP que acabe con «este tipo de malos gestores que gobiernan despóticamente los municipios», sentenció Guerrero.