El presidente de la comisión parlamentaria de investigación sobre las cajas, Manuel Mitadiel (Cs), situó hoy la responsabilidad de su desaparición, lo que ha supuesto la pérdida de casi 5.000 millones en Castilla y León, en partidos políticos, sindicatos, directivos de los consejos de administración, presidentes de las entidades, Banco de España y Junta, si bien precisó que no tiene elementos firmes para la remisión de determinados hechos a la Fiscalía.

“No se salva nadie”, sentenció en la rueda de prensa convocada para presentar las conclusiones de Ciudadanos a los trabajos de la comisión de investigación sobre la actuación, gestión y supervisión de las cajas de ahorro que tenían su domicilio social en Castilla y León, en la que durante más de un año han comparecido unas 60 personas.

A pesar de la extensión a todos esos actores de las responsabilidades de la extinción de las cajas, Mitadiel aseguró que “la responsabilidad más eficaz” será la que pidan los ciudadanos a través de las urnas y las conclusiones de la comisión servirán para que ellos juzguen y ponerlas a su disposición.

El presidente de la comisión manifestó que sí ve hechos delictivos, como en los 400 millones de “regalo” de Banco Ceiss a Unicaja, pero advirtió de que no tiene elementos firmes para su traslado a la Fiscalía, ya que no han podido acceder a documentación que estaba protegida por secreto bancario, y además algunos de los hechos han prescrito.

En relación a las conclusiones, expresó su deseo de que el dictamen pueda estar elaborado antes del 31 de diciembre, aunque indicó que en aras al consenso se podría superar esa fecha, a la vez que reconoció la posición de PP y PSOE por un lado y de Ciudadanos, Podemos e IU por otro, por lo que no descartó votos particulares ante el pleno.

Según Mitadiel, ni los gestores ni los órganos directivos “tenían nivel” para adoptar medidas de corrección en la gestión de las cajas y en “numerosos casos su comportamiento puede ser calificado de rapacidad”, aunque admitió el impacto de la “burbuja” inmobilaria y de la crisis, pero añadió que “modulado” por quienes las dirigían.

“Pensaban que la solidez y solvencia de las cajas estaba a prueba de gastos”, aseveró, para referirse a consejos de administración celebrados en Nueva York, a cursos de formación en la Patagononia o Venecia, con “regalos de collares de cristal murano”, conciertos de piano a 150.000 euros cada uno, “sueldos de miles de cientos de euros”, prejubilaciones millonarias e “inversiones irresponsables impulsadas por la megalomanía o las relaciones personales”.

En ese escenario de “errores gravísimos” de sus gestores, tampoco dejó fuera a miembros de partidos políticos y sindicatos en los órganos directivos que “miraron para otro lado”, a los presidentes de las entidades que eran “como reinas madre”, ni al Banco de España en la labor de supervisión, ni a la Junta de Castilla y León “que hizo dejación de funciones”.

Mitadiel manifestó que la Junta “no se enteró” de que tenía competencias en consumo, por ejemplo, y añadió que sólo “se movió” en el año 2008 con el proyecto de fusión de las seis entidades de la Comunidad en lo que se denominó el “músculo financiero”, que fracasó por intereses locales.

“La Junta delegó en el Banco de España todas las funciones que le pudieran corresponder en la vigilancia de la solvencia y el funcionamiento de las entidades, reduciéndose, en la práctica, a los temas electorales y a obtener el apoyo de las cajas en diversas inversiones que consideraron de interés para la Comunidad”, estima Cs en sus conclusiones. “Sus actuaciones se limitaron a conseguir consejos de administración afines”, aseveró.

Según Mitadiel, la Junta no cumplió con su obligación de protectorado, ni con las competencias de protección al consumidor, aunque “sí dio cobertura a la politización de los órganos de control”, por lo que “tuvo una actitud negligente con respecto a la gestión de las cajas y sus problemas de solvencia”.

Por último, manifestó que los posteriores procesos de fusión no han sido “transparentes”, ni han quedado “claras las razones” de la elección de determinadas entidades con las que se ha realizado la unión, sino que estimó que parecen más “fruto de determinados intereses personales de los directivos”. La conclusión, en su opinión, es la pérdida de patrimonio y de la obra social.