La otra cara de la moneda hipotecaria es la más amarga: la de los desahucios. Sólo de enero a septiembre de 2011 se han producido en Palencia 83 lanzamientos judiciales, es decir, los desalojos forzosos con los que concluyen los procesos de desahucio, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial. En todo el 2010, este tipo de desalojo alcanzó en la provincia la alarmante cifra de 712.

El Ministerio de Economía anunció hace unas semanas nuevas medidas para frenar la sangría de los desahucios, como la elaboración de un código de buenas prácticas para las entidades financieras, que incluiría la dación en pago del inmueble para las familias que tengan todos sus miembros en paro, así como otras medidas destinadas a frenar el drama de quienes pierden su casa y, además, deben dinero al banco.

Las asociaciones de consumidores y usuarios miran estas medidas con escepticismo. Opinan que son un primer paso positivo para acabar con lo que consideraban una injusticia, pero insisten en que no son suficientes. UCE-Palencia considera necesaria «una ley que regule con carácter retroactivo la dación en pago, sobre todo en aquellos casos en los que las propias entidades financieras han sobrevalorado las viviendas y conocían perfectamente la situación financiera de los usuarios que solicitaban el préstamo». Reclaman que las entidades asuman las consecuencias de su actuación «al haber otorgado créditos a sabiendas de las dificultades de cobro de los mismos».

Unae Consumidores defiende una opinión muy parecida. «El anuncio del Gobierno es una mera declaración de intenciones. Un código de buenas prácticas no obliga al banco. No hablan de un cambio normativo, sino de confiar en la buena voluntad de unas entidades que, hasta ahora, han demostrado no tenerla», explica César de los Bueis.

Ambos colectivos han atendido a decenas de afectados. Más de 50 se han acercado hasta Unae y otros tantos han consultado con la UCE, «demasiados y cada uno con su problema», concreta Alberto Arzúa. El problema es que no siempre es fácil ayudarles. «Muchas personas nos consultan cuando ya hay una notificación judicial y, entonces, el asunto excede las competencias de nuestra asociación. Les recomendamos cómo actuar y les remitimos a un abogado. Las entidades bancarias hacen poco caso a intentos de pago aplazado u otras soluciones amistosas», indica De los Bueis.

El responsable de UCE Palencia añade que muchos usuarios, al no poder hacer frente al pago de las hipotecas, agotan el tiempo de residencia en su casa y, después, «se encuentran con que tienen que hacer frente al pago de las hipotecas, no tienen vivienda y se encuentran hipotecados para el resto de sus vidas».

No hay un perfil claro entre los afectados, pero muchos son trabajadores de la construcción en paro. Aunque desde Unae Consumidores también hablan de parejas jóvenes con hijos, o de inmigrantes de origen sudamericano. «En varios casos también se ven afectados los padres que avalaron las hipotecas», destaca.