La Comisión Permanente del Consejo de Estado aprobó ayer por unanimidad impugnar la consulta ciudadana del 9-N planteada por el presidente de la Generalitat, Artur Mas. Tras la admisión a trámite de los recursos del Gobierno ante el Constitucional de la Ley de Consultas catalana y la convocatoria de referéndum, el barcelonés optó por «un proceso de participación ciudadana» que, a juicio de esta institución, tampoco cumple con las condiciones democráticas.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se refirió en esos términos ante un proceso que «no se cómo llamarle», dijo, para concluir que se trataba de una «pseudocunsulta» que «no cumple con las condiciones democráticas». «No tiene censo, ni tiene una ley que lo ampare ni un organismo que vele por su neutralidad, no se sabe quiénes son los miembros de las mesas», argumentó el gallego, por lo que aseveró que «esto no sirve para absolutamente nada, más que para generar tensiones» sobre una cuestión que «sigue correspondiendo al conjunto de los ciudadanos españoles».
El líder del PP también hizo referencia a «las presiones a los medios de comunicación» que calificó de «paso malo en la mala dirección», para recordar a Mas que su Gabinete se mantendrá en su actitud de «cumplir y hacer cumplir la ley», por lo que será hoy, durante la reunión del Consejo de Ministros, en que se analice el contenido del dictámen del Consejo de Estado sobre la impugnación de la consulta y se decidirá si el Gobierno la recurre ante el Tribunal Constitucional.
El jefe del Ejecutivo no avanzó nada más, ni si se recurrirá ni los argumentos con los que lo hará, aunque adelantó que la decisión que se tome será la que «convenga al interés general» con el único criterio de «garantizar el cumplimiento de la ley». A partir de ahí, se ofreció a explicar que, en caso de que la decisión sea la de recurrir esa «pseudoconsulta», habrá que esperar a lo que diga el Tribunal Constitucional, y después «esperar a la reacción que espero que sea de acatamiento a la ley democrática», concluyó.
Casi de inmediato, el PSOE anunció que apoyará al Gobierno en las medidas legales que adopte ante la consulta alternativa que organiza la Generalitat tras la decisión del Consejo de Estado.
En espera de conocer el detalle de los argumentos del dictamen, el secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Pradas, expresó el «respeto» de los socialistas a cualquier decisión que tome el Consejo Consultivo, apuntando que este fallo «no deja dudas» de los pasos que debe dar el Gobierno, medidas legales que Ferraz va a «apoyar». Otra cosa es lo que haga el PSC, que recomendó justo lo contrario. La fractura es evidente.