· Un hombre, F.J.A.O., y una mujer, J.D.G., se enfrentan a sendas penas de dos años y medio de prisión por el delito de apropiación indebida

La lotería y los juegos de azar en general están demasiado relacionados con los tribunales de Justicia en la provincia de Palencia. Veinte años han pasado del célebre caso de Clemente Velayos Pastor, un empleado de una entidad bancaria de Palencia que tuvo que entregar a un compañero de trabajo, Javier Rodríguez Saiz, 200 millones de las antiguas pesetas, la mitad del premio especial al décimo del sorteo de la Lotería Nacional del 27 de junio de 1992, y todo después de acudir a los tribunales de Justicia y de que el caso saltara al panorama periodístico nacional.

Dicen que 20 años no son nada y la historia se vuelve a repetir. Un hombre identificado como F.J.A.O. y una mujer, J.D.G., empleados de una entidad bancaria situada en la plaza de España de la capital, serán juzgados en la Audiencia Provincial de Palencia  al ser acusados por el Ministerio Fiscal como presuntos responsables de un delito de apropiación indebida, después de que supuestamente se repartieran el porcentaje del premio de un Cuponazo de la ONCE que le había correspondido a la limpiadora de la entidad bancaria con la que habitualmente jugaban cada semana.

Según el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Diario Palentino, los dos acusados junto con la limpiadora de dicha entidad bancaria, M.F.M.V., jugaban cada semana y, en concreto, cada viernes un número aleatorio para el sorteo de la ONCE, el denominado popularmente como el Cuponazo, por un importe de 3 euros que pagaban entre los tres, incluidas también aquellas fechas en las que cualquiera de ellos se encontraba de vacaciones.

- Foto: dp Así las cosas, el día 3 de septiembre de 2012 la trabajadora de la limpieza de la entidad bancaria comenzó su periodo vacacional , mientras que los dos empleados de la sucursal mantuvieron la adquisición de los boletos para el premio de la ONCE, de tal manera que el día 7 de septiembre tuvieron la fortuna de que les tocara el Cuponazo por un importe de 100.000 euros.

«SILENCIARON EL PREMIO». Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los dos acusados, «con el ánimo de apropiarse de la parte que le correspondía del premio a  la limpiadora de la entidad, silenciaron haber sido premiados», e hicieron suya la cantidad de 33.333 euros que le correspondía a M.F.M.V.

El caso de Velayos fue muy mediático. - Foto: ROSA MARCOS Para el Ministerio Fiscal los hechos descritos son formalmente constitutivos de un delito de apropiación indebida, por lo que pide dos años y medio de prisión para cada uno de los acusados, así como una indemnización para la perjudicada que asciende a 33.333 euros, además de los intereses legales correspondientes.

En definitiva, ambos empleados se deberán sentar en el banquillo de los acusados del Alto Tribunal de la provincia el próximo 1 de diciembre, salvo imprevistos de última hora.

El antecedente

400 millones de pesetas

Clemente Velayos Pastor, empleado de una entidad bancaria de Palencia, fue condenado en enero de 1994 a entregar a un compañero de trabajo, Javier Rodríguez Saiz, 200 millones de las antiguas pesetas, la mitad del premio especial al décimo del sorteo de la Lotería Nacional del 27 de junio de 1992. Así lo estableció una sentencia del Juzgado de lo Penal de Palencia que, además, le condenó a la pena de seis meses y un día de prisión menor por apropiación indebida. La titular entonces del Juzgado de lo Penal de Palencia, Felisa Herrero, consideró probado que ambos compañeros de trabajo compartían la propiedad del décimo del número 36458, que resultó agraciado con 400 millones de pesetas, rechazando así las afirmaciones del condenado, quien mantuvo  a lo largo de todo el proceso que habían dejado de jugar juntos tres meses antes de obtener el premio.

Asimismo, la sentencia descalificó las conclusiones de los peritos caligráficos aportados por la defensa de Clemente Velayos, que trataron de demostrar que las matrices del talonario de participaciones presentadas por el vendedor habían sido manipuladas para hacer creer que ambos litigantes seguían jugando juntos en el momento del premio. La sentencia fue recurrida ante la Audiencia Provincial, que la confirmó en marzo de 1994.

Los jubilados que no recogieron

la participación

·Un lotero de Osorno fue condenado a 12 años de cárcel por malversar 24 millones de pesetas · Fue indultado parcialmente por el Gobierno

Hasta el Gobierno de la nación tuvo que intervenir en un caso delictivo relacionado con el juego de la Lotería. Ocurrió en febrero de 1999 cuando el Consejo de Ministros decidió conceder un indulto parcial a un lotero de la localidad de Osorno, que había sido condenado por la Audiencia Provincial de Palencia a la pena de 12 años de cárcel como autor de un delito de malversación de caudales públicos por haberse apropiado de 24 millones de las antiguas pesetas, procedentes de la venta de billetes de varios sorteos.

El Gobierno, previo informe favorable del Ministerio de Justicia, aprobó el expediente de indulto de Cecilio Carretero Manrique, rebajándole los 12 años de cárcel impuestos inicialmente a seis.

En el año 1993 una inspección de la Onlae detectó un descubierto de 48 millones de pesetas en la Administración de Loterías que regentaba Carretero.  A partir de ese momento, Carretero entregó 24 millones, quedando pendiente de pago otros 24 millones, que finalmente fueron abonados por una compañía aseguradora. Otro caso judicial llamativo saltó a la palestra cuando en mayo de 2000 la Audiencia Provincial de Palencia dictó sentencia (ratificó una anterior dictada por el Juzgado de Primera Instancia Número 5) por la que medio centenar de jubilados de la Asociación de la Tercera Edad Río Carrión no pudieron percibir los casi cinco millones de pesetas que reclamaban en conjunto por las participaciones de Navidad de 1998, agraciadas con el cuarto premio.  Los 50 demandantes no recogieron las 100 pesetas del número 21243 que entregó la Asociación a todos los socios que estuvieran al corriente del pago de las cuotas, ya que, según ellos, no fueron avisados convenientemente de que tenían derecho a dichas participaciones.

Los tribunales indicaron, sin embargo, que los demandantes no tenían derecho a percibir el premio porque no estaban al corriente del pago de las cuotas de socios y otros que sí lo estaban no pasaron a recoger la participación por la sede.

Otros casos que saltaron a la primera plana

«Extraña cosa sería que en la ciudad de Palencia tocara la lotería y no acabara en la Audiencia». Este dicho popular es muy conocido a orillas del Carrión porque las historias relacionadas con los tribunales de Justicia y los premios derivados de los juegos de azar están, por desgracia, muy presentes a lo largo y ancho de la provincia. De hecho, algunos casos se convirtieron en noticias de primera plana en los medios de comunicación nacionales.

Navidad en ‘El Cristo’

El 22 de diciembre de 1986 los bombos del Sorteo Extraordinario de Navidad quisieron que el premio gordo se viniera al popular barrio del Cristo de la capital palentina gracias al número 3772. Según rezan las crónicas de la época, el primer premio se había vendido en el bar del Hogar del Jubilado, concretamente en el centro sociocultural. Vecinos del barrio, la mayoría de extracción humilde, regaron  en aquella mágica mañana los bares y el mercadillo local con copas de cava bien cargadas.

Sin embargo, poco a poco, la alegría desatada de los primeros momentos se transformó en una auténtica pesadilla.  

El hombre que había vendido las participaciones, el arrendatario del bar, Jacinto Sánchez Zambrana, había desaparecido. Dos días después, concretamente el día de Nochebuena, Jacinto Sánchez fue detenido y el 26, tras declarar ante el juez de guardia, ingresó en un centro penitenciario.

La Policía lo tuvo que llevar en volandas desde el furgón hasta el despacho del juez, en la plaza de Abilio Calderón, porque cientos de vecinos del barrio querían lincharlo, según cuentan las crónicas. Un año más tarde fue juzgado y condenado a un año y seis meses de cárcel por el delito de estafa.

El juez no tuvo en cuenta los 900 millones de pesetas que dejaron de percibir del premio los vecinos del barrio, sino las 90.000 pesetas de lotería que Sánchez Zambrana estafó en las papeletas, independientemente de que tocara o no algún premio en el sorteo, tal y como se argumentó tras conocerse el dictamen. Fue uno de los casos más convulsos por su repercusión que tuvo en la capital palentina en cuanto a juegos de azar se refiere.

De hecho, cada vez que se celebra el Sorteo Extraordinario de Navidad este caso, tristemente, aparece en los resúmenes de prensa.

101 millones en Barruelo

La Audiencia Provincial de Barcelona emitió una sentencia firme en la que desestimó las pretensiones de cuatro personas, dos de ellas de origen palentino, que reclamaban a un transportista natural de Barruelo de Santullán y residente en la ciudad condal, Roberto Ponga Gutiérrez, la parte proporcional de los 101 millones de pesetas (607.022 euros) correspondiente al premio extraordinario de un décimo agraciado con el gordo de la Lotería del Niño de 1996.

Ponga vendió participaciones del número 93561, que resultó agraciado con el primer premio de la Lotería del Niño. Los demandantes percibieron por cada participación de 1.000 pesetas que compraron a Roberto Ponga ocho millones de pesetas.

Cuando se enteraron de que el transportista era el poseedor de un décimo que resultó agraciado con el premio extraordinario decidieron reclamar a través de los tribunales la parte proporcional de los 101 millones con que fue agraciado el transportista.

Los tribunales consideraron que los demandantes no tenían participación alguna en el décimo de la fracción cuarta que fue agraciado con ese premio extraordinario.

La lotera de Palencia

Una administradora de loterías de Palencia asumió en noviembre de 2012 en la Audiencia Provincial dos años de cárcel y otros seis años de inhabilitación por un delito de malversación de caudales cometido al quedarse con más de 105.000 euros pertenecientes a la sociedad Loterías y Apuestas del Estado (LAE).

La acusada, que regentaba la Administración Número 10 de la capital, asumió los cargos ante el Tribunal, por lo que el ministerio fiscal, que inicialmente pedía tres años y medio de prisión y siete de inhabilitación, modificó sus conclusiones al introducir atenuantes.

La acusada, según el fiscal, estaba obligada a ingresar semanalmente en la cuenta bancaria de operaciones de LAE la liquidación correspondiente a las ventas de billetes de lotería y juegos activos, previo el descuento de sus comisiones y de los premios abonados por el establecimiento que regentaba.

Entre diciembre de 2009 y enero de 2010, la acusada, «con ánimo de obtener un beneficio económico y pese a haber realizado ventas de billetes de lotería y juegos activos», según el Ministerio Público, hizo suya la suma de 105.452,84 euros, el importe resultante de la liquidación de dicho periodo, una vez deducidos los importes por comisiones y premios.