El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, alertó hoy en Burgos de que la existencia de “populismos” o de “cualquier tipo de planteamiento excluyente” constituyen un “peligroso riesgo” para el Estado constitucional. Lo hizo durante su intervención en el solemne acto de apertura del año judicial en Castilla y León, que tuvo lugar en el Palacio de Justicia.
En este marco, Concepción manifestó en declaraciones recogidas por Ical que este año se celebra el cuadragésimo aniversario de la Constitución, al que se refirió como “decisivo acontecimiento histórico que sirvió para cerrar las heridas del pasado y para demostrarle al mundo que la concordia entre españoles era posible”. Así, resaltó que la Carta Magna “como norma suprema del Estado”, precisó, representa “el marco de convivencia y de libertad” y añadió que “es la encargada de preservar la democracia a través de un determinado modelo querido por el pueblo español”.
Por eso, Concepción enfatizó que “es fundamental entender que el mantenimiento del Estado constitucional precisa de una comunidad de ciudadanos libres e iguales que crea en sus valores y que sea consciente de que la existencia de populismos o de cualquier tipo de planteamiento excluyente constituyen un peligroso riesgo para esa convivencia en paz”.
En su intervención, el presidente del TSJCyL indicó que “ajenos a esta realidad y al esfuerzo que costó construir nuestro marco de convivencia, algunos se empeñan en desafiarla contraponiendo principios consustanciales como Estado de Derecho y Democracia, olvidando que no puede existir uno sin el otro; que la democracia no puede construirse sin el ineludible armazón de la Ley expresada por voluntad de la mayoría”.
“La Ley no puede identificarse con la particular voluntad del gobernante pues no es, sino la voluntad popular plasmada en el juego de las mayorías parlamentarias la que está legitimada para modelar esas normas de convivencia”, expuso. Sin embargo, relató que “ahora en los Estados modernos, la desobediencia a la Constitución viene a constituir la máxima expresión de esa arbitrariedad y debe ser combatida con todas las armas que procura el Estado de Derecho” porque, agregó, “si alguien la estimase injusta por pugnar con valores entendidos como prevalentes, se debiera instar su derogación a través de los cauces legales, pero nunca proponer su incumplimiento”.