A María Isabel Alonso se le torció la vida hace casi cinco años, cuando perdió el empleo y no tuvo más remedio que dejar de pagar el piso de alquiler en el que vivía junto a sus dos hijas en la calle del Pintor Oliva.

Recuerda que poco después el juzgado fijó el desahucio y que, tras no lograr la ayuda de ninguna institución pública, se vio en la calle sin más remedio que tener que ir a vivir con su familia y temiendo lo peor, que le quitaran la custodia de sus hijas, una decisión que los servicios sociales de la Junta terminaron por adoptar unos meses después.

«Recuerdo que a la pequeña me la quitaron de la guardería sin avisarme y a la mayor la tuve que entregar porque si no no me dejaban ver a la pequeña. Nos estaban buscando como si fuéramos delincuentes», recuerda Alonso, que no duda en reconocer que fue uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

Durante dos años, las dos menores, hoy de 4 y 7 años, vivieron en un centro de acogida en la capital, al que María Isabel acudía a visitarlas, tragándose el dolor de ver lo mal que lo estaban pasando alejadas de su madre, mientras intentaba rehacer su vida.

Poco a poco, esta palentina fue rehaciendo su vida. Encontró trabajo y logró, por fin, una vivienda en la que poder residir junto a sus hijas, pero el juicio sobre la tutela legal de sus hijas se retrasaba y retrasaba, mientras ellas percibían que «estaban mal atendidas y cuidadas, y se encontraban mal psicológicamente».

Lo que nunca esperó fue que el pasado mes de mayo el juez decidiese retirarle la guarda y custodia de sus hijas. «No lo entiendo. Tenía casa y trabajo desde hace dos años y no tengo nada que ocultar. Hice todo lo que me pedían y, sin embargo, los informes de los técnicos fueron negativos», explica María Isabel.

Durante estos meses siguió luchando por recuperar a sus hijas, se reunió con las instituciones para explicar su caso y recabar ayuda, pero lejos de lograr algo positivo, a principio del pasado mes de diciembre, la Junta le comunicó que sus hijas iban a ser entregadas en acogida temporal a una familia de Zamora.

«Es una salvajada. Cómo pueden hacer sufrir a las niñas alejándolas 150 kilómetros de mí. Cómo pueden romper el vínculo familiar cuando la ley dice que tienen que estar cerca de los padres», comenta enfadada. «Me quieren hacer daño», añade.

Estas han sido las navidades más tristes en la vida de María Isabel. El 26 de diciembre sus hijas partieron en dirección a Zamora, y María Isabel no ha sabido nada de ellas desde ese día. Cuenta cada día como si fuese una puñalada en su corazón de madre: «17 días y no sé ni con quién están», comenta.

Su enfado y tristeza le ha llevado a hacer pública su situación mientras espera que la Audiencia se pronuncie sobre su caso. Además, lleva meses buscando información sobre los colectivos que, como la Asociación para la Defensa del Menor Aprodeme, la Fundación Raíces y Derechos o Adenicat, están denunciando las situaciones de desamparo producidas por el sistema de protección de menores.

«Estoy dispuesta incluso a plantarme delante de la Subdelegación ponerme en huelga de hambre hasta que recupere a mis hijas», dice convencida mientras repite como si de un mantra se tratase: «¿Con quién van a estar mejor que con su madre?».