Tranquilidad en los rostros de los nueve altos cargos y funcionarios de la Economía y Empleo que ayer pasaron de forma fugaz por el juzgado número 1 de Primera Instancia de Valladolid para declarar como imputados ante un posible delito de prevaricación por el fraccionamiento de contratos. 

 

El director general de Economía Social y Autónomos de la Consejería de Economía y Trabajo, Carlos Teresa, que atendió a los medios congregados en los pasillos de los juzgados, sostuvo sostuvo que desde la Consejería de Economía se respetó «siempre la legalidad vigente».

 

Antes de someterse al interrogatorio de José María Crespo, Teresa mostró su «absoluto respeto a la autoridad judicial y al procedimiento que ha abierto», así como su voluntad de colaborar en todo aquello que el juez considere oportuno. «Por nuestra parte hay una tranquilidad absoluta ya que todos los procedimientos que se han seguido son los que están establecidos y en todo momento se ha cumplido la normativa legal al respecto».

 

Preguntado por posibles errores del informe del Consejo de Cuentas, Teresa, «por respeto al procedimiento judicial abierto», prefirió no hacer declaración e insistió: «Estamos absolutamente seguros de que los procedimientos seguidos fueron los correctos».

 

La investigación del juez se inicio tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción y parte de una auditoría del Consejo de Cuentas de Castilla y León que, en su informe de 2010, detectó unos contratos, la mayoría de Valladolid y otros de León, en los que se había partido el importe de los eventos para no superar los límites de la adjudicación directa y, así, elegir a la empresas adjudicatarias sin licitación pública.

 

Además de Carlos Teresa, en aquel momento al frente de la Dirección General Comercio,  Víctor Valverde Gómez ex director general de Economía y Miguel Ángel Diez Mediavilla, entonces director general de Trabajo, además de otros seis cargos de la Consejería. 

 

Desde la Junta, tanto su portavoz, José Antonio de Santiago Juárez, como el consejero Tomás Villanueva reiteraron su «plena confianza en los nueve altos funcionarios» y respeto a las decisiones judiciales.