Un pacto tenebroso entre un alcalde, su esposa, policías y criminales que causó la desaparición de 43 estudiantes y el hallazgo de fosas clandestinas en México han puesto en una encrucijada al presidente Enrique Peña Nieto, y al país frente al espejo. 

Después de dos años del actual Gobierno, cuando ya casi se hablaba de México solo por sus profundas reformas estructurales y por un moderno proyecto de aeropuerto para la capital, el país ha vuelto a los titulares por la violencia y las evidencias de fragilidad institucional, que nunca se habían ido. 

El caso Iguala mostró la otra cara: la corrupción y la impunidad, que permitieron al alcalde de una ciudad de 140.000 habitantes situada a menos de 200 kilómetros de la capital hacer mancuerna con un cártel de las drogas y mandar a la Policía y a sicarios a disparar y perseguir a estudiantes para que no arruinaran un acto de su esposa. 

En México «tiene que haber un antes y un después de estos hechos, y el Estado tendría que demostrar su compromiso con los derechos humanos porque ha fallado», señaló Perseo Quiroz, representante de la organización Amnistía Internacional en México,. «Si no hay un viraje, vamos a seguir recogiendo cadáveres», añadió. 

El edil prófugo José Luis Abarca, miembro del Partido de la Revolución Democrática (opositor, de centroizquierda), bailaba en una plaza cuando el 26 de septiembre llegaron a Iguala unos 80 estudiantes de la escuela del magisterio Raúl Isidro Burgos, conocida como la Normal de Ayotzinapa. 

Su esposa y aspirante a sucederlo en el cargo, María de los Ángeles Pineda Villa, hermana de tres exoperadores del cártel de los Beltrán Leyva, encabezaba ahí una celebración con motivo de su informe de labores como titular del organismo gubernamental para la familia. 

Agentes municipales y halcones de Guerreros Unidos, cartel para el cual trabajaban el alcalde y su mujer según la fiscalía, alertaron sobre la presencia de los muchachos en cuanto notaron su llegada. Eso preocupó al edil, que dio la orden de bloquearles el paso. 

Los normalistas de Ayotzinapa, alumnos de comunidades pobres que estudian bajo régimen de internado para ser maestros de primaria, tienen una tradición combativa con acciones como bloqueos callejeros y toma de casetas de autopistas. 

Un año antes habían participado en incidentes contra la alcaldía de Iguala en protesta por el asesinato de un líder social, del cual se acusa también a Abarca. 

Así que decidió actuar rápido. Ordenó a la Policía que les impidiera llegar. Los efectivos bloquearon la carretera, abrieron fuego y les persiguieron. Confundieron el autobús de un equipo de fútbol de tercera división con los jóvenes perseguidos. También dispararon. 

Hubo seis muertos. Y a uno de ellos, además, le arrancaron la piel de la cara y le sacaron los ojos. 

Después del tiroteo, los agentes se llevaron a los estudiantes de un autobús y los entregaron a sicarios de Guerreros Unidos, que dieron por hecho que eran integrantes del grupo rival de Los Rojos. 

¿Qué pasó después? No se sabe. Los llevaron en una camioneta hasta un paraje cercano. Dos criminales detenidos apuntaron que ellos habían matado a 17 y que los habían enterrado en fosas clandestinas en un cerro. Hay 52 arrestados.