La política de vivienda de la Junta de Castilla y León da un giro radical hacia el alquiler. Se trata de una senda que se comenzó a andar al final de la pasada legislatura pero se convertirá en eje central para el nuevo consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tal y como desgranó ayer en su comparecencia para explicar sus líneas maestras para los cuatro próximos años. Más dinero en ayudas a los inquilinos, un parque público de pisos y un sistema que haga más atractivo a los dueños de pisos vacíos a arrendarlos.
Se trata de un cambio completo de filosofía que sigue la línea acordada en el seno del Diálogo Social el pasado mes de marzo que ya avanzó este periódico y que con el arranque de la legislatura también llega acompañado de nuevos compromisos presupuestarios.
De hecho, el consejero anunció la próxima convocatoria extraordinaria de ayudas al alquiler, dotada con cinco millones de euros, dirigida a las familias con menos ingresos (menos del Iprem, 532,51 euros brutos al mes); a la que se sumará antes de que concluya el año una nueva ordinaria (para ingresos entre 1 y 2,5 Iprem, es decir, entre 532,51 y 1331,27 euros brutos mensuales) dotada con 6,18 millones de euros, que se resolverá en 2016. «Más de diez millones de euros», como destacó Suárez-Quiñones, que podrían ampliarse en virtud de futuros acuerdos del Diálogo Social.
Junto a las subvenciones directas, la Junta también podrá en marcha el Parque Público de Vivienda de Alquiler, dirigido fundamentalmente «a la población sin vivienda y escasos recursos», que estará integrado de los pisos que ya tiene la propia Administración regional, a los que se sumarán otros procedentes de desahucios y del ‘banco malo’ (Sareb) o de los ayuntamientos.
Yde una política donde se da un giro importante a otra en la que se mantendrá la senda de los últimos años. En infraestructuras, continúan las restricciones. Suárez Quiñones se mostró convencido de que las obras faraónicas quedaron para el pasado y no le dolieron prendas en reconocer que «no caben ni autovías, ni nuevas carreteras, ni variantes de población, ni carreteras con capacidad superior a la necesario». «Las actuaciones que consumen un ingente volumen de recursos de los que no disponemos tienen que esperar», reconoció.
No obstante, sí que se comprometió a desempolvar el Plan regional de Carreteras 2008-2020 para elaborar lo que el consejero denominó como un bloque de actuaciones prioritarias «que garantice el imprescindible mantenimiento del extenso patrimonio viario».
Y aunque la Junta no tenga previsto realizar nuevas autovías, Suárez Quiñones sí que avanzó que su actitud ante el Gobierno será reivindicativa en la ejecución de las infraestructuras, especialmente en la ejecución de la Autovía del Duero (A-11), la León-Valladolid (A-60) y la del Camino de Santiago (A-12).
Para las infraestructuras para las que sí que concretó la financiación es para las hidráulicas. El consejero anunció una línea de 100 millones de euros «dirigida a completar las necesidades en materia de saneamiento y abastecimiento» en la comunidad, por la vía de completar la depuración en los municipios con más de 2.000 habitantes y espacios naturales y cofinanciar las obras para cambiar tuberías en los pueblos.
Concentración de montes. El consejero también apostó por el sector forestal como fuente de empleo y actividad económica, además de contribuir a fijar población en el medio rural. Así, Suárez Quiñones apostó por que «los bosques contribuyan al desarrollo rural proporcionando actividad económica y especialmente empleo, e implantando la gestión forestal sostenible como la mejor garantía para su conservación. Una de las novedades en este campo será la puesta en marcha, como experiencias piloto, de concentraciones parcelarias en los montes, similares a las de la agricultura.
Además, dentro del Plan de Desarrollo Rural de Castilla y León, se plantearán ayudas a productores y propietarios forestales y se promoverá el asesoramiento forestal, la constitución de organizaciones de productores del sector forestal, y a su vez se establecerá una colaboración con las entidades locales para las propiedades forestales públicas.