La Reforma Energética del Gobierno ha asestado un golpe ‘de rebote’ a buena parte de la industria de Castilla y León. La supresión indiscriminada de las primas a la producción de energía renovables planteada por el ministerio de José Manuel Soria también ha incluido la penalización a las plantas de cogeneración ligadas a importantes industrias de la Comunidad, lo que eleva los costes energéticos hasta un 40 por ciento y amenaza gravemente su competitividad; en algunos casos incluso llega a poner en riesgo la continuidad de la producción.

 

Los empresarios afectados han mantenido contactos con la Consejería de Economía y Empleo para tratar de presionar al Ministerio de Industria y conseguir dar marcha atrás a la reforma en lo que respecta a la cogeneración ligada a producción industrial. De hecho, recientemente mantuvieron un encuentro con el consejero Tomás Villanueva en el que le trasladaron su preocupación por esta medida para que interceda ante Madrid. 

 

Según los datos facilitados por la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), en Castilla y León hay más de 76.000 empleos industriales en sectores que cogeneran, de los que depende el 38% del PIB industrial de la Comunidad. Solo en operación y mantenimiento de la cogeneración existen en esta comunidad unos 500 empleos directos.

 

Empresas de como Sampol, Europac, Helios, Ceranor, Montefibre, Cerámica Villacé, Cerámica Saza, Esteve Santiago, Neoelectra, Apaychacana, Grupo Lozan, Globeenergy, Energyworks, Enercrisa, Surolait, Mantequerías Arias y Oblanca estuvieron presentes en la última reunión para analizar el impacto de la reforma. Subsectores industriales como la agroalimentación, producción de pélets, química, refino, textil, cerámica, madera... se ven afectados por la decisión.

 

Dichas industrias han invertido a lo largo de los últimos años más de 540 millones de euros en las instalaciones de cogeneración, en la mayoría de los casos animadas por el propio Gobierno a través del IDAE. 

 

El Ejecutivo ha comenzado a aplicar las nuevas tarifas, lo que ha llevado a algunas empresas a  parar sus plantas de cogeneración porque los ingresos no cubren, ni de lejos, los costes del combustible. Es el caso de Helios, que tiene las plantas de Valladolid y Azagra (Navarra) a medio rendimiento y otra en San Adrián desactivada. 

 

«El cierre de las instalaciones de cogeneración suponen un grave trastorno para los centros de producción en España, que se encuentran en desventaja competitiva con las fábricas que tenemos en Alemania en Mönchengladbach y Mühlhäuser, en donde  los costes energéticos son significativamente menores», explica el director general de Grupo Helios, Julio Pérez. 

 

Las industrias que no lo han hecho es porque no disponen de maquinaria para producir el calor que necesitan en sus procesos productivos al margen de la cogeneración, pero de seguir adelante  la reforma energética, se verían obligados a cambiarlo.

 

El riesgo de deslocalización se traslada al resto de industrias pertenecientes a grupos con presencia multinacional. Es el caso de Ceranor, con instalaciones en Valencia de Don Juan (León), dedicada la producción de cerámica, con una de las plantas más modernas de España y que dispone también de centros de producción en México. 

 

Las instalaciones leonesas han llegado a generar 200 puestos de trabajo directos y otros tanto indirectos, pero si sigue la política energética del Gobierno, sus directivos temen el cierre. «Si sigue así, al final nos van a obligar a cerrar. ¿Es cierto que quieren apostar por la industria? Pues no están dando ejemplo. Con medidas como la reforma energética y la penalización de la cogeneración», destaca el presidente Ejecutivo de Ceranor, Alfredo Martínez.

 

20 millones de euros. Para darse cuenta de la magnitud del impacto económico que supone la supresión de las ayudas a la cogeneración, un ejemplo. En la liquidación de las cuotas energéticas de enero, aplicando el nueva fórmula en un 75%, dejó de recibir 875.000 euros; lo que trasladado al resto de la Comunidad supone una pérdida para las industrias que cogeneran superior a los 20 millones de euros (el coste varía en función del tipo de instalación).

 

Si bien, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ha aclarado que el dinero que falta se liquidará antes de junio, pero las empresas tienen que adelantar de momento el coste del combustible. 

 

Desde la Consejería de Economía se ha transmitido el apoyo de la Junta a las empresas que cogeneran al tiempo que se ha remitido al Gobierno su preocupación e informes sobre los aspectos de la reforma energética avisando de las negativas consecuencias para el tejido empresarial de la Comunidad. Asimismo, la consejería que dirige Tomás Villanueva ha realizado aportaciones a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que es órgano encargado de tramitar los cambios.

 

El presidente de la patronal de Castilla y León, Cecale, Santiago Aparicio destaca que la reforma de Soria «no ha dejado a nadie satisfecho». «Es necesario diferenciar la cogeneración pura y dura y la que está ligada a la industria. Esta última precisa de un apoyo por parte del Gobierno porque de lo contrario muchas empresas ligadas a ella van a desaparecer o reducir su actividad de forma importante», dijo. 

 

Las industrias no son las únicas afectadas. También las once plantas  de cogeneración de purines se han visto obligadas a parar su actividad.