Y al cuarto día se pasó la resaca. La euforia desatada por la V de la Diada de los dos millones de manifestantes, o del medio millón según se mire, se ha esfumado en la Generalitat, justo cuando afronta la semana más decisiva en el proceso secesionista que se comenzó a fraguar a raíz de la festividad de 2011. Yes que, en vísperas de que el Parlament apruebe la Ley de consultas -previsiblemente, el próximo viernes-, el discurso más esperado de Artur Mas en el Debate de política general decepcionó a sus compañeros de aventura. Así, varió totalmente su discurso belicista y apeló al ruego al Gobierno central: que permita celebrar la consulta soberanista del 9 de noviembre. Como de sobra sabe cuál será la respuesta y los pasos que se irán dando, admitió por primera vez públicamente que si no la hay, tendrá que dar por finiquitada la legislatura, que acabaría en 2016, y convocar elecciones anticipadas.
Así, añadió una frase significativa a su discurso, una que no aparecía en la transcripción dada a los periodistas. Cuando hablaba de su voluntad de terminar el mandato, «cuando toca, a finales de 2016, si se puede», enfatizó: «Pese a que está sobre todo en mis manos, no solo está en mis manos. Para que pueda ser así, se tiene que votar el 9 de noviembre con plenas garantías democráticas».
Esto tiene una inmediata interpretación, y es que el Constitucional (TC) debería dar luz verde a un referéndum que nació viciado desde el principio y que atenta directamente contra la Carta Magna. No es de extrañar que, en una pataleta, llegara a señalar que el espíritu de la Transición se había «evaporado», así como el pacto constitucional.
También hay que tener en cuenta otro detalle de la sesión de ayer, y es que en ningún momento invitó al Hemiciclo a desobedecer la legislación española, algo que sería motivo de delito, como se le ha recordado reiteradamente desde el Gobierno central y la Fiscalía General del Estado, cuyo máximo exponente, Eduardo Torres-Dulce, fue muy explícito el pasado viernes:no le temblará la mano a la hora de aplicar el Código Penal. Conviene recordar que el día anterior, su segundo, Francesc Homs, abogó por obviar al TC.
Tras una hora en la que analizó las actuaciones de su Govern en ámbitos como el adelgazamiento de la estructura de la Generalitat o los esfuerzos para contener el déficit público y salir de la crisis, así como los 70 proyectos que tenía entre manos, llegó el momento de coger el toro por los cuernos, el de la independencia. Ya esa cuestión, que, en comparación con el resto de asuntos, ha acaparado en el último año páginas de periódicos y horas de radio y televisión, solo le dedicó 15 minutos, con una conclusión muy oscura: «Cataluña está en una vía muerta, que no lleva a ningún sitio» desde la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre el Estatut.
«La mayoría de catalanes habíamos pensado que lo que el Estado español se reservaba para decidir a nivel central se decidiría contando con Cataluña, y no casi siempre contra Cataluña o al margen de Cataluña», se quejó amargamente.
Tras situar a su comunidad como el más grave de los problemas que le genera a España su «crisis constitucional», añadió: «En el fondo, no hay choque de trenes, sino alejamiento de los trenes, porque Cataluña y el Estado van por vías diferentes y en direcciones diferentes».
Las reacciones no tardaron, mostrando su decepción los más radicales, CUP, mientras ERC se mostró expectante y tensa. En el ambiente se respiraba despedida.